Desde el ingreso de la Ley de Presupuesto al parlamento en agosto de 2020 el tema de las licencias por enfermedad en el ámbito público fue puesto sobre la mesa.
En junio de 2021 la Oficina Nacional de Servicio Civil releva las certificaciones en el Estado, dándose cuenta de que las principales áreas que se veían afectadas por ausencia laboral por certificaciones médicas eran el Ministerio del Interior y la Educación.
Entre tanto, a finales de 2023 se publica un cronograma de cambios en casi todas las áreas del Estado con respecto a este tema, iniciándose en febrero de 2024.
Sin negociación colectiva, ni un análisis serio y objetivo, desde el Ejecutivo Nacional se impulsa una nueva rebaja salarial para las y los trabajadores públicos, bajo el eslógan de equiparar los públicos a los privados (obviamente que a la baja y pérdida de derechos) la nueva reglamentación establece que hasta el noveno día al año de certificación médica los trabajadores del sector público cobraríamos el 100% del salario, pero a partir del décimo, se cobraría el 75%. Penalizando a todo un conjunto de trabajadores, que en momentos de padecimiento y cuando más importante es tener el ingreso, por motivos de medicación, de gastos extra devenidos de una enfermedad, se ven con una rebaja de salario.
Se establecen unas pocas patologías que quedarían contempladas para el cobro del 100% del salario con posterioridad al noveno día anual e internaciones, pero justamente las patologías relacionadas a salud mental como por ej. el estrés, etc. y la gran mayoría de las derivadas por ambientes y condiciones laborales deficientes no son contempladas.
Con los recortes que desde el año 2015 y que se profundizan y radicalizan a partir del 2020 por falta de personal, materiales e insumos, el Estado exprime cada vez más a cada vez menos trabajadores que cumplen muchas más tareas y trabajan por 3, 4, u 8 personas que no han sido repuestas tras su retiro, caso último el que tenemos en BPS.
El Estado primero te explota más, te enferma y después te descuenta salario por esa enfermedad que en gran medida causó.
Otra arista a contemplar es que muchísimos casos en el ámbito privado los trabajadores cobran su sueldo íntegro cuando cursan enfermedad, por logros en la negociación colectiva, pero así mismo, si se tratara de equiparación, ¿porqué siempre lo hacen equiparando hacia abajo?
Es tarea fundamental para las y los trabajadores la defensa de sus derechos, y la lucha por la ampliación de estos a los compañeros y compañeras que están en situaciones más desfavorables.
Si de equiparación se tratara, ¿No tendrían acaso que pagarnos salario vacacional a los funcionarios públicos? ¿O será el siguiente derecho por el que irán para quitárselo a los trabajadores del sector privado en pos de equipararlos con los públicos?
Otro punto, por demás importantísimo y fundamental, y del que el Gobierno parece mirar hacia el costado es el de ¿Porqué los controles en las certificaciones no se rumbean hacia un control en las empresas (mutualistas) y profesionales? que son quienes realizan las certificaciones, quienes dan fe de que las personas certificadas padecen una enfermedad y que hace necesario un reposo de su actividad laboral para recuperarse.
En un contexto en el que nuestro ajuste salarial es inferior al 5%, en el que no tenemos ni un mísero peso de recuperación salarial, la nueva medida tomada por el Gobierno, generaría un ahorro de unos 50 millones de U$S, al igual que con la reforma jubilatoria, somos los trabajadores los únicos saqueados por un modelo de país que se esfuerza en quitar a la clase trabajadora para luego dar cuantiosas exoneraciones y privilegios a la parte más encumbrada de nuestra sociedad, sector al que casualmente, o no tan casualmente, pertenece la gran mayoría de quienes nos gobiernan.
En el BPS, la aplicación de un nuevo reglamento de licencias, dependería solamente de cambios que el Directorio podrá realizar en cualquier momento. Un Directorio, que con limitaciones impuestas por la OPP realizó una cobertura de vacantes del orden de un 8 X 1 en 3 años, y que no da cuenta en ningún momento, en un acto de sinceridad, o de honestidad intelectual que serían al menos valorados, que los atrasos y los problemas del BPS a la hora de atender a la población se deben fundamentalmente a los recortes y cambios de la organización del trabajo, por ende, si siguen la tónica del recorte, es de esperar que esa resolución de Directorio ya esté incluso redactada para oficializar la baja de remuneración de los y las trabajadoras del BPS.
En el Concejo Superior Tripartito, que se realizó el 31 de enero de este año se dio una prórroga de 60 días para el inicio del cronograma de aplicación de los cambios en las licencias por enfermedad, pero esta prórroga, tal como el Ministro Mieres declaró, no es para realizar marcha atrás en el proceso, entendemos que es para disfrazarlo y darle legitimidad de negociación colectiva.
En la comisión que se conformará, el estudio solamente irá dirigido a si hay motivos para agregar nuevas patologías a la mísera lista de enfermedades que se contemplan por cobro total del salario.
Una vez más, somos las y los trabajadores quienes deberemos pelear por dar vuelta este nuevo ataque, “nada podemos esperar si no es de nosotros mismos”.
Compañeras, compañeros, siguen los tiempos de recorte y rebaja salarial, en un BPS con una carencia de personal tan grande, que también afecta a nuestro sector de salud ocupacional que atiende no solo a los trabajadores del BPS, sino que también a todos los privados cuando se trata de valoraciones de juntas médicas por jubilaciones por incapacidad, reubicación de trabajos en empresas, etc. y que ni siquiera podrá afrontar la gran cantidad de trabajo que se avecina por ser el órgano de contralor de toda esta masa de trabajadores.
Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social
