Tomamos conocimiento que a partir del 14 de noviembre se implementará un plan piloto en la ciudad de Melo para la “descentralización” de los préstamos sociales.
Esta es una nueva “iniciativa” del BPS para seguir tercerizando servicios que otorga nuestro organismo.
Recordemos que desde el año 1997 con la firma de los primeros contratos con ABITAB, en 1998 se amplía y se firma con ABITAB, ANDA, Correo, Grupo Polakoff y REDPAGOS. El total de pagos del BPS hacia el año 2001 incluía a estos lugares mencionados, al BROU, bancos públicos y privados y al propio BPS como los lugares posibles de cobro. El sistema se fue potenciando para que los pagos se fueran realizando cada vez más en agentes externos llegando al año 2021, y con excusa de la Pandemia por el COVID, el Directorio decide cerrar todos los box de pago del interior para enviar a las personas que aún cobraban en el organismo a hacinarse en un Abitab o Redpagos, en su mayoría locales de muy reducida capacidad, que no cumplía con las medidas sanitarias de distancia entre las personas y que obligaba a quienes allí concurrían a hacer colas en la vía pública.
Pero al punto que nos convoca y que es el de esta nueva “venta” de “cartera de clientes” del BPS.
Y es que a título expreso, se informó a algunos funcionarios que este plan piloto que se realizaría en Melo “dado que se trata de una prueba piloto, en esta instancia no habrá difusión en canales oficiales de BPS…”
También se comunica que el primero en comenzar será ABITAB, en los próximos días se sumará REDPAGOS y se espera que en diciembre se incorpore ANDA.
Este asunto nos lleva a la cuestión de ¿cuánto le cuesta al BPS, y a la sociedad uruguaya en su conjunto, que es la que en última instancia financia el BPS este “servicio” que se contrata?
¿Porqué el BPS no informa a través de sus canales oficiales sobre este hecho?
¿Porqué se le oculta a la población y a sus funcionarios esta información?
¿Porqué no se habla en los medios de esto?
¿Cómo y porqué se habilita a terceros, privados el acceso a información que debiera estar protegida por secreto tributario? ¿O la información de acceso tan sensible como la que se otorga a través del usuario persona y que no es siquiera comprobada por un funcionario público, que sería en última instancia quien podría ejercer el control de la identidad con garantías? Los funcionarios públicos estamos sujetos a la ley y reglamentos que garantizan cada una de sus acciones, así como las sanciones en caso de que exista irregularidades o incumplimientos.
Nuevamente, ¿a quiénes se privilegia con estos cambios? ¿Qué nuevas vulnerabilidades se están creando?
A la brevedad se estará realizando desde ATSS a través de pedido de acceso a la información pública se informe el costo que tendrá este plan piloto de acuerdo a los montos que se pagará a cada prestador tercerizado del servicio, así como el costo de todos los pagos que se han realizado en agentes externos desde el año 2015 a la fecha.
De pilotos sin ningún tipo de control, seguimiento ni valoración de resultados estamos hasta las manos en el BPS, de proyectos a contrapelo de las garantías que un organismo público debe dar, y esa seguirá siendo la tónica.
