PLATAFORMA REIVINDICATIVA DE LA MESA SINDICAL COORDINADORA DE ENTES (MSCE) ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES NACIONALES
El presente documento resume las conclusiones del Seminario “Desarrollo – Rol de las Empresas Públicas” llevado adelante por la MSCE el pasado 29 de julio en el local central del PIT-CNT.
“De lo que se trata es de construir un Estado de nuevo tipo, al servicio de otro bloque en el poder y de otro modo de producción…”
En el IX Congreso del PIT-CNT los trabajadores afirmamos que “el Estado no debe limitarse a desempeñar las funciones de guardián de la propiedad privada y de tutor del orden público, sino que, por el contrario, debe defender principios tales como la soberanía nacional, la democracia plena y la justicia social” y que “el Estado debe cumplir con el deber ético-político de crear instituciones que permitan implementar un modelo de desarrollo alternativo que atienda las necesidades básicas de los trabajadores y el pueblo, y que reduzca la vulnerabilidad de nuestra economía respecto a las perturbaciones que caracterizan la economía capitalista”.
No existe posibilidad de profundizar la democracia sin cambiar el carácter de clase del Estado uruguayo en función de los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador en general.
Los trabajadores públicos defendimos este principio rector de nuestras empresas públicas desde siempre. Por ello, ante la oleada de políticas neoliberales aplicadas en la región durante la década de los noventa, que llevaron en la mayoría de nuestros países a privatizar sus empresas estatales, con la consiguiente pérdida de soberanía nacional y de áreas estratégicas para el desarrollo, nuestro movimiento sindical y el pueblo todo lucharon en defensa de nuestro Patrimonio, alcanzando un histórico triunfo popular en el plebiscito de 1992.
Vemos con gran preocupación las acciones del gobierno para integrarse a las negociaciones del acuerdo internacional sobre comercio de servicios, pues estarían en riesgo nuevamente las Empresas Públicas.
Asumimos el desafío de pensar qué rol deben desempeñar las Empresas Públicas y sus trabajadores y formulamos la siguiente propuesta.
I. MATRIZ ENERGÉTICA
Una matriz energética se diseña a partir de la identificación de las diferentes fuentes de energía que dispone una sociedad, y los usos que ésta hace de las mismas. Permite registrar la cantidad de energía que ingresa a un determinado sistema socioeconómico, las transformaciones que se le realizan para poder ser utilizable y cómo y quiénes consumen finalmente la energía.
La defensa del servicio público de suministro de energía eléctrica está en las bases fundacionales de nuestro movimiento sindical, la energía eléctrica es un recurso de TODOS los uruguayos.
La lógica del lucro es antagónica con la del servicio público, el acceso a la energía eléctrica debe de ser universal, con la calidad necesaria para cubrir las necesidades a nivel familiar y para impulsar y garantizar el desarrollo productivo. Será necesario entonces elaborar un nuevo marco tarifario donde se contemplen estos dos elementos, el que a su vez deberá vincularse a planes sociales de inclusión e integración.
Es imprescindible impulsar políticas integrales tendientes a la regularización del suministro eléctrico en amplias zonas de nuestro país donde actualmente el acceso a la energía eléctrica se realiza en forma irregular, insustentable, e insegura para usuarios y trabajadores.
Necesitamos una matriz energética sustentable, con un parque generador 100% estatal y público, económicamente viable, que garantice la menor afectación ambiental posible. El cambio en la matriz energética y la expansión del parque generador debe realizarse evitando la dependencia política y económica del país a los capitales privados.
II. INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE
Continuar la expansión del Uruguay Productivo requiere una política de Estado que aporte al país un sistema logístico de transporte de personas y mercaderías, que contemple un modelo multimodal de transporte ferroviario, carretero y fluvial. Esta política sólo puede ser impulsada, sostenida y controlada por el Estado, ya que el mercado se rige por otros intereses y no puede ni quiere asumir estas tareas. Por ello consideramos que la forma de solucionar los problemas de infraestructura ferroviaria es la inversión, financiación y/o garantía del Estado, para la recuperación y expansión del modo ferroviario.
Uruguay tiene los recursos necesarios para realizar esta reconstrucción. Se trata de una definición y decisión política. Es estratégica una fuerte inversión del Estado apoyando a AFE para transformarla en la gran empresa estatal que revolucione el transporte de mercaderías y personas, apoyado en el aporte de los trabajadores, la permanente capacitación y el establecimiento de metas determinadas política y técnicamente.
Un país productivo con justicia social requiere, en materia de logística portuaria, un Sistema Nacional de Puertos como espacio de discusión de los emprendimientos portuarios y una Política Nacional de Dragado que responda desde la ANP a las necesidades nacionales y además incorporar al Uruguay el dragado de los canales internacionales.
III. TELECOMUNICACIONES
El PIT-CNT en su XI Congreso planteó claramente que “… debe generarse una estrategia común en materia de las nuevas tecnologías de información y las comunicaciones. Esto en lo referido a la complementación del acceso a las tecnologías informáticas por parte del Estado, lo mismo sucede con los equipos, existen bases de datos con los mismos contenidos pero desarrolladas en forma autárquica por las diferentes empresas públicas”. El Estado debe enfrentar firmemente la presencia del capital monopolista imperialista.
El Estado debe ser el conductor de políticas en Telecomunicaciones, controlando, conduciendo, dirigiendo las telecomunicaciones del país e impulsando proyectos que apuesten al desarrollo productivo, tecnológico e industrial.
El acceso a las telecomunicaciones es un derecho humano esencial y no pueden quedar libradas a las leyes del mercado. Las Empresas Estatales deben ser el instrumento idóneo para garantizar la universalidad del servicio en condiciones de equidad.
IV. RECURSOS HÍDRICOS Y MEDIO AMBIENTE
“La utilización social del territorio y los recursos disponibles (hídricos, etc.) debe definirse en función de un plan estratégico del Estado construido con participación social. No puede dejarse en las manos del mercado y la anarquía de la producción, esto es de la definición unilateral del capital. Debe aspirar a contribuir a un desarrollo equilibrado y sustentable desde el punto de vista ambiental y social.” (IX Congreso PIT-CNT).
En el mundo, las desigualdades en el acceso al agua y las consecuencias negativas el cambio climático se aceleran. El futuro gobierno debe asumir el liderazgo y, cumpliendo con la Constitución y las Leyes Reglamentarias, reconocer a la cuenca hidrográfica como unidad de actuación para la planificación, control y gestión de los recursos hídricos.
Se debe profundizar el debate sobre desarrollo económico, contemplando la conservación y preservación del agua y demás bienes naturales.
V. SEGURIDAD SOCIAL
La ley 16.713 aprobada en Setiembre de 1995 creó un sistema de seguridad social mixto incorporando a las AFAP, las que no contribuyen a aumentar el valor de las pasividades sino que las disminuye en forma importante. Es por eso que las AFAPS siguen siendo el principal obstáculo para tener un sistema de seguridad social justo y solidario.
Reclamamos que los servicios de salud materno-infantil del BPS estén incorporados plenamente al SNIS sin salir del BPS.
VI. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Los trabajadores nos preguntamos qué lugar deben ocupar en las decisiones de las empresas públicas, fundamentalmente, para permear y romper la lógica neoliberal, de mercantilizar los servicios y garantizar la prevalencia de lo colectivo sobre lo individual.
A saber (i) incidiendo en la planificación estratégica de las empresas, orientando sus fines y cometidos desde la perspectiva de los trabajadores, subordinando los planes particulares de cada empresa, a un plan de carácter general, articulado, coordinado y promovido como Política de Estado; y (ii) ocupando un lugar en los Directorios, siendo co-partícipes de la gestión, incidiendo en la orientación del uso de los recursos y destinos de las inversiones.
VII. SALARIO
Es imprescindible alcanzar un valor del salario mínimo en las empresas de dominio estatal que contemple una canasta de bienes y servicios, la dignificación de la vida cotidiana, continuar avanzando en la corrección de inequidades y el crecimiento real de los salarios.
AEBU – AFINCO – ANV –ATSS – AUTE – FFOSE – FANCAP – AFPU – SUANP – SUTEL – UAOEGAS – UF
Mesa Sindical Coordinadora de Entes
PIT-CNT
