Los opositores al plebiscito intentan atacarnos diciendo que pretendemos confiscar los ahorros de los trabajadores y trabajadoras y que haremos inviable la economía del país, y buscan cínicamente enfrentar a las distintas generaciones de uruguayas y uruguayos
Abuelos/as contra nietos/as, madres y padres contra hijas e hijos
Desde que se empezó a discutir la “reforma” se han señalado distintas barbaridades, que olímpicamente ignoran cómo son las relaciones entre los distintos integrantes de las familias uruguayas. Mayoritariamente nos ayudamos mutuamente. Sin embargo, es notorio el esfuerzo denodado que se hace para que nos gane el individualismo y pensemos solamente en lo que “nos conviene”. Así, hemos escuchado y escuchamos: “la reforma ha sido necesaria porque si no los jubilados, jubiladas y pensionistas no van a tener seguridad de cobrar sus jubilaciones”; “el gasto en pasividades es y será tan grande que la juventud tiene comprometida su futuro”; “por culpa de lo que se gasta en jubilaciones y pensiones no se puede invertir más en la niñez y adolescencia, no se pueden mejorar la educación y la salud públicas” (y un montón de cosas por el estilo, buscando que al interior de nuestras casas entremos en esas discusiones).
¿Es así en realidad? ¿Cómo nos está yendo en nuestra batalla ideológica con estas concepciones? Es necesario reiterar algunos argumentos que surgen de la propia realidad, sobre los que venimos insistiendo en otros medios (la diaria y Búsqueda).
De dónde sacar la plata
En una política pública, como en nuestra casa, lo primero a definir es quiénes serán los beneficiarios de determinados derechos, y quiénes aportarán para que los mismos sean una realidad. Esto tan sencillo a veces desaparece de la discusión.
Por ejemplo, lo último que ha dicho el Dr. Saldain es que, si la reforma constitucional que promovemos triunfa en el plebiscito de octubre de 2024, habría que “aumentar el IVA al 35%”. Esta expresión catastrófica muestra cómo funciona su mente (y la de los que se oponen a la reforma). En todo momento -al hacer la reforma, y ahora al defenderla- no se les pasa por la cabeza cuestionar en algún momento cuáles son las fuentes de ingresos que tiene el sistema. Nuestro planteo de aumentar los aportes patronales (sobre todo de los grandes capitalistas) y reducirles las vergonzosas exoneraciones que tienen, no está en “el menú de posibilidades para resolver el problema”. Así, como todo lo piensan sobre la base del aporte de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo en general a través de determinados impuestos, no han encontrado ni encuentran otra forma de “reformar” que no sea que los trabajadores y trabajadoras trabajen más, aporten más, cobren menos, y estén menos tiempo vivos como jubilados y jubiladas.
La madre del borrego
En 1995 el problema se agravó enormemente desde que aparecieron las AFAP. Sobre ellas, lo primero que hay que decir es que son un invento maravilloso… para los capitalistas. A fines de los 70 algunos ideólogos de la llamada Escuela de Chicago decidieron que la plata que había que utilizar era la de los propios trabajadores y trabajadoras. Así, aprovechando la terrible dictadura de Pinochet, en 1980 imponen en Chile el sistema de ahorro individual obligatorio a través de lo que acá llamamos AFAP (y ellos llaman AFP). De esa manera, con ese invento, logran que con el ahorro de los trabajadores y trabajadoras el sistema capitalista funcione mejor, acudiendo a esos fondos para financiar distintos emprendimientos privados e incluso distintos instrumentos de préstamo hacia los propios gobiernos de cada país.
Esos fondos acumulados, que en Uruguay rondan el 20% del Producto Bruto Interno, son los que seducen a algunos compañeros y compañeras de izquierda, y eso explica que habiendo tenido mayoría absoluta en el Parlamento el FA no las haya eliminado y que lamentablemente, la defensa del sistema MIXTO -BPS y AFAP- haya ganado adeptos al punto de que quienes hasta no hace mucho eran acérrimos enemigos de ellas ahora las defienden. Según ellos, este sistema es necesario para que quienes tienen sueldos medios y altos “no resulten costosos para el resto de la sociedad”.
Ni se les ocurre que quedando sólo dentro del BPS no solamente aportarían a él por la totalidad de sus sueldos, sino que existen fórmulas para contemplar su situación específica (por ejemplo, aplicar “tasas de reemplazo” -el porcentaje del promedio que se termina cobrando de jubilación- que sean inversamente proporcionales al ingreso, es decir, que cuanto menos se gane el porcentaje sea mayor, y a medida que se vaya ganando por encima de determinados montos se apliquen porcentajes que vayan siendo menores según los tramos hasta llegar a un tope razonable).
La conveniencia del Plebiscito
Por las razones antes dichas (no cambiar el financiamiento del sistema de manera progresista y no tocar las AFAP), los defensores de la ley y algunos compañeros y compañeras no pueden menos que poner el grito en el cielo cuando nos proponemos eliminarlas, además de aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas, y establecer en la Constitución el derecho a jubilarse (si se quiere) a los 60 años de edad.
En primer lugar, sigo considerando conmovedora la afirmación de Aristóteles cuando sostuvo tajantemente que el mejor juez de la calidad de una casa no era el arquitecto que la había diseñado, sino quienes vivían en ella. “Con ello, sentó las bases de la teoría democrática y separó el ejercicio de la política de cualquier lugar ´natural´ que fuera justificado por una desigualdad inevitable entre los hombres (como la que diferencia ´los que mandan´ de los que ´obedecen´)”.1 A partir de esta concepción, me cuesta comprender que alguien pueda NO estar de acuerdo con que se someta a consideración del pueblo lo que se propone. Sí: QUE EL PUEBLO DECIDA, como reclamábamos en la dictadura.
En segundo lugar, cuesta también comprender que existan compatriotas que no compartan que existe la necesidad de aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas y -en el caso de quienes saben economía- que no sepan lo que algunos compañeros y compañeras me han enseñado: que todo el dinero en más que ingrese a los bolsillos de los jubilados y pensionistas que ganen menos habrá de dinamizar la economía nacional, mejorando el trabajo de los pequeños y medianos empresarios que viven precisamente del mercado interno (almaceneros, productores agropecuarios, pequeños industriales).
En cuanto a las situaciones familiares, está comprobado que en los hogares de menores ingresos “que tienen al menos un jubilado por BPS, la incidencia de las jubilaciones asciende a un 37% de los ingresos totales. No solo brindaríamos un piso digno de jubilación y pensión, sino que contribuiríamos a un aumento de los ingresos en los hogares más pobres, dando mayor sustento a las infancias y adolescencias que conviven” en ellos.2
Sobre el establecimiento de la edad jubilatoria a los 60 años en la Constitución, es cierto que parece rígido. Pero ocurre que la soberbia y tozudez de quienes impusieron la “reforma” no dejaron ningún margen para la acción. Además, como ya lo dije, no impide que quienes quieran seguir trabajando hasta una edad mayor puedan hacerlo, y que hay maneras de estimular económicamente la postergación del retiro. Lo que se hace con la Reforma Constitucional es ponerle un freno “a la probidad de los hombres” como nos enseñara Artigas.
La oportunidad y conveniencia del Plebiscito
En particular desde dentro del FA se ha cuestionado ambos aspectos. Pero también aquí debemos discrepar. Si la dirigencia del Frente Amplio mayoritariamente está de acuerdo con el Régimen Mixto, si en sus gobiernos no anuló las AFAP: ¿en qué oportunidad que no sea ésta, a través de un plebiscito, quienes estamos en contra del régimen podremos expresarnos y eliminarlas de la faz del país? ¿Por qué no se nos permite intentar un cambio que vaya a una de las raíces del problema? Porque todos sabemos que el año pasado el llamado “déficit” del BPS fue de 560 millones de dólares, y a las AFAP fueron a parar 1.200 millones. Es decir que de ganarse el plebiscito de manera inmediata y durante cierto tiempo las finanzas del BPS van a mejorar sustancialmente, y además la papeleta da un plazo de dos años para que el nuevo parlamento reglamente la ley, permitiendo el tiempo suficiente para que realmente se establezca un Diálogo Social que de manera verdadera haga la Reforma de todo el Sistema de Seguridad Social que el país reclama y necesita.
Seguridad social versus Educación y Salud
Se ha dicho que nuestra propuesta es “imprudente” porque “ata de manos” a un futuro gobierno para aumentar los gastos en Educación y Salud. Transcribo aquí extractos de mis propias palabras en una carta a Búsqueda: si miramos detenidamente la evolución del Gasto Público Social en el período 1985-2018, podemos encontrarnos con datos que quizá a algunos sorprendan. En tal sentido, no es de recibo, ni está comprobado por los hechos, que lo que se destina al BPS no permite dicha inversión. Si miramos la evolución3 del llamado “Gasto” Público vemos que pasó de ser un 15% del PBI en 1985, a casi el doble en el 2018, año en que tres cuartas partes de los “Gastos” del Gobierno Central se destinaron a Áreas Sociales: Vivienda y servicios comunitarios (1% PBI), Educación (5%), Salud (6%) y Seguridad y Asistencia Social (14%) [sumándose en este último rubro todas las prestaciones del BPS (jubilaciones, pensiones, seguro de paro, asignaciones familiares, seguro de enfermedad, etcétera) más el MIDES, el INAU, y más las “Cajas” Militar y Policial (destinándose a estas dos más de la décima parte de la función)]. Es particularmente relevante el siguiente cuadro, referido a la distribución:
AÑO Seguridad y Asistencia Social Educación Salud
1985 ————— 64,1 % ——————————— 14,5 % ——— 16,5 %
2005 ————— 56,8 % ——————————— 15,6 % ——— 20,1 %
2018 ————— 50,8 % ——————————— 18,4 % ——— 24,3 %
Es decir, el aumento objetivo de lo invertido en Seguridad y Asistencia social no solamente no limitó el “Gasto” en Educación y Salud, sino que porcentualmente aquel se redujo, y estos dos últimos aumentaron.
¿Quién confiscó y confisca a quién?
En sentido estricto, el Fisco confisca cuando expropia un bien y no otorga nada a cambio. En el caso en cuestión, una vez eliminadas las AFAP y al quedar los ahorros de los trabajadores en un Fideicomiso, ¿quienes trabajan no recibirán nada a cambio cuando se jubilen? Por supuesto que sí, porque de triunfar el plebiscito la única jubilación que pasará a pagarles el BPS, será más plata que “las dos jubilaciones juntas” (BPS más AFAP vía Banco de Seguros) que nos habían prometido Sanguinetti y compañía en 1995.
Álvaro Delgado salió a decir que queremos “expropiar los ahorros de los trabajadores”. Con todo respeto, ¿puede ser que el mismo que decidió junto con el gobierno perjudicarlos en su jubilación futura, ahora se erija en su “defensor”? ¿Cómo les resulta tan fácil pasar de victimarios a defensores de las víctimas?
Hay decenas de miles de jubilados y jubiladas por el régimen de las AFAP que están cobrando por la parte que a ellas les corresponde por el “ahorro individual” sumas de 80 pesos, 140 pesos, 400 pesos, mil, dos mil, tres mil… después de haber aportado más de 40 años al BPS. ¿Quién les “confiscó” y sigue “confiscando” el monto que hubieran cobrado si no existieran las AFAP? Pues los responsables de que las mismas existan.
Por la ley de “cincuentones” miles están cobrando desde que se retiraron un 10 por ciento menos que quienes estaban en el Régimen de Solidaridad del BPS. ¿Quién les “confiscó y confisca” ese 10% menos todos los meses? También los responsables de que eso se haya decidido a nivel parlamentario. ¿Quién se ha hecho la autocrítica por estas acciones u omisiones y las corrige?
Se ha hablado también de juicios contra el Estado. De ganar el SI en el plebiscito, la Constitución dirá: “La entrada en vigencia de esta reforma, no generará indemnización por lucro cesante a las AFAP”. Por mi parte, simplemente recuerdo que en Bolivia lo que serían nuestras AFAP se eliminaron en la Constitución: ¿alguien ha leído o escuchado que el Estado boliviano haya sufrido y/o perdido algún juicio en su contra? ¿Argentina los tuvo? ¿Los 18 países que en el mundo han revertido las privatizaciones según la OIT, también tuvieron esos problemas? No.
Dejemos hablar al pueblo
El problema de fondo tal vez sea el de que, si la Reforma Constitucional triunfara, habrá que pensar en ampliar nuevas fuentes de financiación para el sistema y como dijimos más arriba -de una vez por todas- dejar de hacerle el caldo gordo al Gran Capital. Si algo así se hiciera –volviendo a Aristóteles– no lo decidirán “los que mandan” desde arriba, sino que lo decidiremos como pueblo y en las urnas. Si el pueblo lo quiere: se hará. (Pero atención: antes hay que conseguir las firmas y venimos atrasados).
Juan Adolfo Bertoni, Ex Presidente de ATSS
Notas
1 Constanza Moreira en “Resistencia política y ciudadanía: plebiscitos y referéndums en el Uruguay de los ´90”. Universidad de Salamanca, 2004.
2 “Manual para militantes”, de los promotores del plebiscito, 2023.
3 DINEM MIDES. “El Gasto Público Social en Uruguay. Actualización de la estimación hasta 2018. Documento de Trabajo. Febrero del 2020”. (Cuadro: elaboración del autor con base en el Gráfico 4 de dicho texto).
4 Parte de lo anterior no podría haber sido escrito sin diversas lecturas de los economistas Antonio Elías, Jorge Notaro y Carlos Viera.
Publicado en Periódico Claridad
