Según las últimas proyecciones, en 2050 más del 27% de la población de Uruguay será mayor a 65 años de edad y la cifra subirá a 33% hacia 2100. La tasa de natalidad se mantendrá, con lo que el país seguirá siendo “demográficamente pequeño”. Tener cada vez más pasivos por cada trabajador activo será un problema para el sistema de seguridad social. Pero el martes 20, la mesa de Protección Social que integra el Diálogo Social, no centró la discusión en esos problemas sino en si se debe mantener o no a las administradoras de ahorro previsional (AFAP).
Los proyectos de seis organizaciones sociales guiaban el encuentro y para escuchar el intercambio estaba el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, acompañado por el subsecretario Nelson Loustaunau y el director de Seguridad Social, José Luis Baumgartner. También asistieron las autoridades del Banco de Previsión Social (BPS) y las tres representaciones sociales en el Directorio (trabajadores, empresarios y pasivos) presentaron sus proyectos.
La discusión, que duró tres horas, comenzó con la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), que anunció la formación de una comisión, en la que esperan incluir al PIT-CNT, para juntar firmas para un referéndum que “saque el lucro de la seguridad social”. Justificaron la necesidad de reformar “un sistema perverso” en la situación de los cincuentones —quienes en 1996 tenían aportes a la seguridad social y fueron obligados a entrar a una AFAP. Con estas “víctimas” del régimen mixto, el sindicato anunció: “Vamos por más” porque “los jóvenes que tienen 20 años también van a verse afectados”. Para la ATSS, “de entenderse necesario”, regímenes de complementariedad al reparto intergeneracional deberían ser “estrictamente voluntarios”.
Esto marcó la tónica del encuentro, en el que fueron pocas las voces que analizaron la edad de retiro, el porcentaje del sueldo que se cobrará en la pasividad o el impacto que tendrán las nuevas formas de empleo. El sistema —coincidieron los participantes— debe tener reformas. Pero las visiones de cómo hacerlo, todavía siguen distantes.
Murro recordó la decisión de formar una comisión de trabajo entre su cartera, el Ministerio de Economía y el BPS para analizar la problemática de los cincuentones, pero en el Diálogo la vocación del gobierno era “escuchar”. La mesa volverá a reunirse a fines de mes y en octubre, cuando tocará temas como trabajo, “cuidados” y discapacidad.
No a las AFAP.
El representante de los trabajadores en el Directorio del BPS, Ramón Ruiz, aclaró en el encuentro que el PIT-CNT “no ha discutido en ninguno de sus espacios” la posibilidad de juntar firmas para reformar la Constitución. En 2013 ese equipo había comenzado a preparar una papeleta para eliminar las AFAP, pero la iniciativa se detuvo cuando el gobierno anunció la opción de desafiliación para quienes tuvieran entre 40 y 50 años de edad, y hubieran ingresado voluntariamente al sistema mixto.
En 1999 se estuvo a más de 7.000 firmas para plebiscitar la eliminación de las AFAP; el PIT-CNT había sido uno de los impulsores de esa consulta popular.
Ruiz recordó los “U$S 90 millones” que el BPS pierde al no cobrar por recaudar y transferir los aportes a las AFAP, habló de la “deuda” que asume el Estado para “rentabilizar” a las empresas que invierten el dinero en bonos del gobierno y apuntó a la pérdida de U$S 40 millones asociada a rentas vitalicias para el ejercicio 2015 del Banco de Seguros del Estado (BSE).
“Este modelo es caro para el país, perjudica a los trabajadores y significa un ingreso para los privados. No queremos volver al pasado con un régimen de reparto puro pero proponemos tres pilares: uno asistencial (para los sectores más vulnerables), otro contributivo (de reparto) y uno de capitalización colectiva no lucrativa que garantice una prestación mínima”, dijo, recordando los lineamientos generales que acordó el PIT-CNT en 2003.
“Es necesario revisar el funcionamiento del mal llamado ahorro individual que perjudica a los trabajadores y al país”, apuntó por su parte Sixto Amaro, representante de los jubilados en el BPS.
Recordó que 61% de los trabajadores hacen aportes a una AFAP y el resto “quedó enganchado en campañas perversas de afiliación”, siendo “cautivos del interés financiero”. Apuntó a “consolidar” el Sistema Nacional de Cuidados que impulsa el gobierno y dijo que “luchar por mejores pasividades fortalece” la economía.
La delegación de la asociación de funcionarios de la Dirección General Impositiva se refirió a dos “certezas claras”: “Siempre es el Estado la que paga y siempre el que gana es la AFAP, pero una gran incertidumbre es cuánto es la jubilación”.
“El papel de malos”.
Al inicio de su alocución, la directora de República AFAP, Jimena Pardo, hizo un relato familiar. Contó que a la mañana, cuando su hijo pequeño se resiste a tomar la leche, ella debe obligarlo y ante los reproches le contesta que ya está acostumbrada a decir cosas que la gente no quiere escuchar. “Nos toca hacer el papel de malos” al proponer reformas que “no ganan el cariño popular”, pero “cuanto más se retrasa el ajuste la transición no es suave”, dijo.
Desde la administradora de fondos de propiedad estatal plantearon promover el retiro a los 65 años —en lugar del mínimo de 60 como es hoy—, incentivar el ahorro voluntario y asegurar la cobertura de los trabajadores que presentan testigos para justificar años de servicio (ver Búsqueda Nº 1.883).
Cerca escuchaban gerentes de UniónCapital e Integración AFAP, que junto a Sura han elevado al gobierno iniciativas para diversificar las posibilidades de cobrar una renta vitalicia, agregar un tercer fondo de inversión y clarificar la información del estado de cuenta (ver Nº 1.884). Esas tres administradoras, nucleadas en una asociación, publicaron ayer miércoles 21 un suplemento en el diario “El Observador” en el que remarcan “el camino que recorrieron las AFAP: de la crisis a la gran consolidación”.
Hablando en el Diálogo, Pardo defendió la ley 16.713 que hace 20 años instaló el sistema mixto vigente, con un pilar de reparto intergeneracional en manos del BPS y otro de capitalización individual que gestionan las AFAP.
“¿Es posible pensar que todo el riesgo demográfico se lo lleve el Estado? Con un pilar único vamos a transferir todos los costos del ajuste a las generaciones futuras. El diseño actual es más solidario que un único pilar. Y esta ley que parece la madre de todos los males dejó libres recursos para la reforma de la salud y para la educación, aspectos muy queridos y que van a requerir más recursos en el futuro”, apuntó.
Otros asistentes intentaron ampliar la discusión.
El subsecretario de Trabajo y Seguridad Social dijo que el empleo subordinado “comienza a entrar en crisis” con el ingreso de tecnologías que flexibilizan la relación laboral. “Deberíamos preguntarnos por todo el sistema. Qué pasaría si el BSE sigue perdiendo (por las rentas vitalicias) y cómo va a impactar eso en los seguros por accidentes de trabajo. A sus 20 años, el sistema nos está demostrando fallas. Pero no solo en el BPS, sino también en las cajas paraestatales”, aseguró.
Hugo Bai, asesor del Instituto Cuesta-Duarte, volvió a destacar la propuesta de reforma del PIT-CNT y apuntó a no caer “en el reduccionismo de mantener el régimen mixto o pasarse al reparto puro”. Observó que “hay un enorme set de posibilidades. Tenemos que preguntarnos con cuánto de lucro y cuánto de solidaridad queremos la seguridad social”.
Cincuentones
Durante el encuentro, la representación de empresarios en el BPS apuntó a la “importante erogación” que significaría para ese organismo permitir el reconocimiento por el total del salario en los aportes de quienes ya eran trabajadores en 1996 y fueron obligados a entrar a una AFAP. Hacia allí apunta un proyecto de ley enviado por el BPS en 2012 que modifica el artículo 27 de la ley 16.713. Esto estaba incorporado en un documento de propuestas de la representación (ver Nº 1.884).
En función de estudios de juristas consultados por el equipo de los empresarios en el BPS, una modificación de ese artículo no sería la solución para los cincuentones, ya que se cumplen 20 años de la incorporación de la historia laboral. Modificar esto, señalan, “tendría consecuencias también para las personas ya jubiladas”.
En un documento que presentará el equipo —al que accedió Búsqueda— proponen un asesoramiento en forma similar al que recibieron las personas entre 40 y 50 años que fueron habilitadas a desafiliarse de una AFAP. Esto abarcaría a quienes hoy tienen entre 51 y 60 años, y supondrá para el BPS el retorno del dinero acumulado por el trabajador. “El BPS deberá constituir un fideicomiso de administración” para esos fondos y el trabajador deberá “devolver los montepíos no cobrados” si percibe un sueldo superior a $ 43.810, plantea.
Fuente: Semanario Búsqueda
