ATSS reclamó en el Senado poner freno a la «caída libre» del BPS
En su segunda comparecencia parlamentaria por la rendición de cuentas, esta vez ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, una delegación de nuestro sindicato reiteró con dureza el diagnóstico que ya había expuesto días atrás en otra comisión parlamentaria: el Banco de Previsión Social atraviesa una «caída libre» sostenida por sucesivos gobiernos, agravada ahora por un proyecto de rendición de cuentas que llega «con costo cero» para el organismo.
La delegación, integrada por la compañera Karina Sosa, presidenta, y los compañeros Gonzalo Moreira, secretario de Prensa y Propaganda, y Daniel Villar, secretario general del Interior de ATSS, fue recibida el pasado viernes 4 por la Subcomisión de Audiencias de la mencionada comisión parlamentaria, donde nuestros compañeros trasladaron planteos que calificamos de urgentes.
Karina tomó la palabra en primer término: «el BPS viene en caída libre desde hace demasiados años y necesitamos dejar planteado en este recinto, justamente, las cuestiones que nos parecen más importantes». Entre ellas, señaló que el presupuesto del organismo para 2027 «no se nos hizo llegar antes de ser comunicado al Poder Ejecutivo», lo que anticipa nuevas tensiones en la negociación colectiva. «Nosotros, como trabajadores de la seguridad social, hace tiempo que estamos luchando contra la mala organización y la pésima gestión del organismo, que se profundiza gobierno tras gobierno», afirmó.
Repasó una serie de datos que, dijo, explican el deterioro del servicio: «Desde 2018 hemos tenido un constante recorte de vacantes, profundizado en el Gobierno anterior, por el que se jubilaban tres personas y se reponía solo una, sin tener en cuenta que nosotros tenemos un área de la salud que es un servicio esencial donde la reposición de vacantes debe ser uno a uno». Denunció que en el área de la Salud se ha producido una proliferación de contratos de suplentes y destajistas en puestos donde existe plantilla permanente por convenios firmados en 2016. El BPS, recordó, hoy tiene alrededor de 3.000 funcionarios frente a los más de 4.200 que llegó a tener en 2014, con un presupuesto para reparaciones edilicias de menos de dos millones de dólares para todo el año próximo. «Se nos caen las paredes, los cielorrasos y los trabajadores no tienen un lugar digno en el que comer», graficó.
«Muchísimo menos tiene dónde esperar la gente. En plena pandemia, se la mandó a cobrar la jubilación a las redes de cobranza, bajo lluvia y al sol. ¿Dónde está la seguridad social que queremos para nuestra población? ¿Dónde está la protección? Tercerizada; tercerizada y paga por el propio Estado. La pagamos con nuestros propios impuestos, con los mismos que recauda el BPS y que designa a cada ente para que después lleguen a rentas generales.»
«Los servicios vienen en decadencia, no solamente para quien va a pedir un plan de equidad, tanto que se habla de la pobreza infantil. El Banco de Previsión Social es quien ejecuta las políticas públicas en nombre del Mides, porque no tienen personal administrativo –todo el de ellos es técnico– y nosotros hacemos todas las declaraciones juradas, incluso las asistencias a la vejez, ¡sin tener ni siquiera una contrapartida económica que pueda sustentar ese trabajo que nos quitan de otras tareas que sí son propias del organismo!
Trabajamos gratuitamente para las AFAP, para DGI, recaudamos todo lo que es IRPF y IASS y se lo transferimos en forma pormenorizada y nominalmente.
Lo mismo hacemos con las mutualistas, en términos de cápitas, para el Sistema Nacional Integrado de Salud. Tenemos a disposición de todas las mutualistas de forma gratuita una historia clínica en línea, nacional, que también forma parte del presupuesto del Banco de Previsión Social cuando sabemos que las mutualistas compran y compran terrenos y siguen creciendo, no solo en equipamiento, porque cada vez cobran más por su servicio a la población. Entonces, ¿dónde está la repercusión positiva hacia el usuario? No la vemos.»
Karina también apuntó contra la concentración de poder dentro del organismo: «la última palabra (…) está concentrada en la gerencia general, en una única persona, que decide», esto por las atribuciones que fueron delegadas por Directorio de BPS.
«Esto no es una catarsis, es una realidad objetiva; es una cuestión que tiene que ver con un plan estratégico que jamás se cumple, con un modelo de gestión –que ahora se va a poner a consideración de un estudio de una Facultad, cuando ya sabemos que no ha funcionado– que lo único que ha hecho es socializar el atraso. Supimos tener casi 60.000 expedientes jubilatorios en espera. Hablamos de gente que no tiene un medio de vida y que, mínimo, tarda 60 días en obtener un ingreso. ¿Dónde está el buen servicio?»
«A eso hay que agregar que, implícitamente, la cuestión de la unificación de las prestaciones –la tarjeta Uruguay Social, el Plan de Equidad, Bienvenido Bebé y todas las cuestiones– implica una erogación importante y estamos de acuerdo con ello, pero la vamos a trabajar nosotros sin ninguna contrapartida y sin personal suficiente. ¡Basta de recortes!
Esta rendición de cuentas viene con costo cero y está bien, el Poder Ejecutivo definirá, pero los trabajadores del BPS estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias, porque somos nosotros quienes ponemos la cara ante una población que necesita y no tiene respuestas. Si las tiene, las tiene tarde o mal, o se trata diferente a unos que a otros.
Es peligrosa la redacción del presupuesto del Banco de Previsión Social para el año 2027. Hay varias cosas que no pasaron por negociación colectiva, que lesionan directamente derechos de los trabajadores y que complican aún más el funcionamiento del organismo», culminó Karina.
A continuación, Gonzalo centró su exposición en el modelo de gestión y atención al público, vigente desde 2020, que priorizó los canales digitales en desmedro de la resolución presencial. Eso ha tenido consecuencias graves para la población. «Antiguamente, la gente iba y, al minuto, podía tener ciertos trámites y/o solicitudes resueltas, y actualmente demora días o semanas», denunció. Y avanzó, narrando la distorsión con un ejemplo concreto: abrir una empresa «lleva 10 minutos de hacer el trámite» pero el plazo formal que marca el BPS desde 2020 es de 72 horas hábiles, lo que, advirtió, llega a vulnerar hasta la cobertura mutual de empresarios recién habilitados. Citó además una definición que resume el criterio de las autoridades del organismo en los últimos años: «no queremos que la gente venga a las oficinas», palabras que fueron «textuales de gerentes de alto rango» tanto en la administración anterior como en la actual.
«También la institución ha tenido un grave déficit en cuanto al análisis de la gestión, no solo de ahora, sino histórico, no se controla los niveles de actividad de cada sucursal, las demandas de la población, ni de las poblaciones objetivo; lo vemos también en los casos de las asistentes sociales de todo el país y en casos concretos como en la zona metropolitana con una sola persona o dos para cubrir Las Piedras, Ciudad de la Costa, Pando, etc., una de las pocas zonas que ha crecido exponencialmente en población en este país. Así trabaja el Banco de Previsión Social, el organismo de la seguridad social.»
Gonzalo planteó que la propuesta del sindicato, ya remitida en el primer semestre de 2025 a la actual administración, es la de volver a un modelo «híbrido», que combine trámites digitales y atención presencial, y advirtió que las reestructuras en curso se están definiendo sin la definición de un modelo de gestión y atención previo.
«Como trabajadores reclamamos que se vuelva a un modelo de gestión híbrido donde a las personas que le sirva digitalizar los trámites se les permita hacerlo y a los que necesiten estar en las oficinas, puedan resolverlos presencialmente. Se quitaron todas las potestades de resolución a las agencias, que era parte del fuerte de la atención descentralizada en Uruguay. Es más, fue lo que sostuvo en la pandemia a todo el sistema del BPS: la atención descentralizada, con posibilidades digitales y presencial, principalmente en el interior, donde el Banco de Previsión Social era el único organismo del Estado abierto para la gente. Nosotros sostuvimos todo eso con los recortes de tres por uno en esa época.»
«A ese modelo de gestión, que la misma autoridad ahora políticamente define como que tiene carencias y todo lo demás, en el período que hacen la auditoría y de nuevas sugerencias realizadas por la Facultad de Ciencias Económicas, en el documento se solicita mejoras al modelo de gestión actual; ni siquiera se está visualizando la posibilidad de aplicar modelos de gestión diferentes. Nosotros presentamos hace poco más de una semana un documento en el que pedimos una revisión integral que tenga su sustento en el plan estratégico y en la demanda de la población como ejes y que se recupere la multicanalidad, es decir, la atención digital, presencial y de todas las maneras que se les ocurran, pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta.»
«Las restructuras deben estar y obedecer a los modelos de gestión definidos» y estos a su vez deben estar orientados por el Plan Estratégico. «El BPS está definiendo reestructuras sin tener ni siquiera consideraciones al plan estratégico y sin definir modelo de gestión.»
Cuestionó también los llamados compromisos de gestión, que de no cumplirse recortan un 25% de las vacantes del organismo al período siguiente: «si un organismo no puede cumplir con su objetivo (…), difícilmente lo podrá hacer con un 25% menos de personal». Cerró preguntando por la responsabilidad de las autoridades designadas políticamente cuando esos compromisos no se cumplen, y afirmó que negarle a una persona la atención y resolución de una solicitud en tiempo y forma en el ámbito del trabajo que realiza el BPS, siendo la seguridad social un derecho humano, constituye, lisa y llanamente, una violación de derechos humanos a nuestra población, y eso las y los trabajadores del BPS no lo vamos a permitir.
Al cierre de la audiencia, la presidenta de la comisión agradeció el aporte de la delegación, recordó que sus dichos quedan incorporados a la versión taquigráfica y solicitó a ATSS hacer llegar por escrito el material que consideren pertinente para su distribución entre los restantes integrantes de este espacio parlamentario.
APORTE DEL COMPAÑERO DANIEL VILLAR
El compañero Daniel Villar, secretario general del Interior de ATSS aportó, a modo de complemento, el siguiente planteo, referido a la falta de correspondencia entre las reestructuras territoriales del organismo y su propio Plan Estratégico 2025-2030.
Daniel nos recuerda que cada gobierno, en su primer año de gestión, elabora a través del Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto Nacional para el quinquenio, y que en ese proceso la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) consulta a los incisos de la Administración Central y a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, entre ellos el BPS, sobre sus objetivos y metas. «En el caso de BPS adquiere especial importancia», señala en su aporte, porque además la propia OPP utiliza la capacidad técnica del organismo como insumo para la formulación de las políticas nacionales de seguridad social.
En ese marco, recuerda que el BPS aprobó su Plan Estratégico 2025-2030 el 31 de enero de 2025, con la misión de «administrar los recursos de manera eficiente y brindar una atención oportuna y satisfactoria», y con la transparencia, el acceso universal y equitativo, la calidad de atención, la solidaridad y la mejora continua entre sus valores declarados. Cita, en ese mismo sentido, a la propia OPP, para la cual una reestructura «no debería analizarse aisladamente del uso de los recursos y de los objetivos institucionales»: no alcanza con demostrar que reduce el gasto, sino también qué resultado produce esa reducción.
Ilustra el planteo con los casos de Carmelo, Trinidad y San Carlos, que identifica como una reestructura ya aplicada en el interior del país: en 2023 se adecuó la estructura de GUDE y GPRE, y una resolución del Directorio estableció que San Carlos y Trinidad continuarían siendo consideradas sucursales con gerencia, aunque con designaciones interinas. En ese proceso, recuerda, ATSS advirtió en su momento que Flores quedaría sin su única Gerencia Departamental. «De persistir dichas modificaciones, no está demostrada su coherencia con el Plan Estratégico 2025-2030», sostiene, y agrega que esos cambios comenzaron incluso antes de que el propio Plan fuera aprobado, por lo que «no se puede decir que fueron diseñados originalmente para cumplir con el mismo».
Cita además que el propio Plan Estratégico «reconoce como fortaleza la presencia de BPS en todo el país», establece la necesidad de complementar la atención virtual con la presencial, y exige medir la atención por oficina, canal y tipo de trámite. «Si efectivamente una gerencia deja de prestar integralmente servicios locales y pasa a realizar tareas deslocalizadas, ¿qué ocurre con la capacidad local de atención? ¿Se toma en cuenta, en los hechos, la presencia de BPS en todo el país?», cuestiona.
Daniel cierra su aporte señalando que las modificaciones de la estructura territorial del BPS «no están acompañadas por un conjunto suficiente de indicadores que permita demostrar su impacto sobre acceso, cobertura territorial, atención presencial, recursos humanos y calidad del servicio», y solicita formalmente que toda modificación futura de la estructura del organismo sea evaluada en función de los objetivos del Plan Estratégico 2025-2030 y mediante indicadores que permitan demostrar su impacto sobre la población.