BPS, la arbitrariedad y la mala gestión – El largo camino de la reconstrucción

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Con fecha 5 de marzo de este año se publica en El Observador (1) nota que da cuenta de que la justicia condenó al BPS a pagar más de $ 500 mil por mal asesoramiento y U$S 3000 por daño moral.

“El fallo señaló que el BPS suministró información «inexacta o falsa» a una contribuyente, lo que le provocó perjuicios materiales y daño moral” (2)

Tal fue la resolución del TCA (Tribunal de lo Contencioso Administrativo) por un recurso presentado por una persona que cumplió servicios como personal de embajada, y como resultado de un convenio que según el fallo de la justicia fue mal calculado, se incluyeron multas y recargos hasta el día de la firma.

¿Qué conclusiones y enseñanzas nos deja esto?

Con los cambios implementados por el organismo en el Banco de Previsión Social funcionarios y funcionarias se ven obligadas a atender a la población en todas las consultas que pueda haber de activos, ATYR (empresas) y administración y pagos en lo que se ha dado a llamar “la triple A” en las oficinas del interior, dejando al personal en una situación tremendamente vulnerable ante la falta de capacitación adecuada, ya que cada una de estas áreas requieren de años de experiencia y aprendizaje para poder atender y dar respuesta de la manera correcta, por ende, las posibilidades de asesoramientos erróneos o sencillamente no poder dar respuestas por los motivos antes descriptos se multiplican día a día.

Y no es responsabilidad de las y los trabajadores del BPS, sino de sus jerarquías que determinan modos de trabajo que no van en consonancia con la demanda ni persiguen mejoras de la calidad en la atención.

Además de que cada vez se prohíben más y más trámites que antes se solucionaban en el momento en cada dependencia, fomentando el “hacelo por la web” y buena suerte, ya que por la falta de personal y los problemas en el acceso al conocimiento el Banco de Previsión Social no puede dar ni siquiera una correcta atención y respuesta.

 

Firmas de convenio y órdenes completamente irregulares

En el caso que nos convoca, el del fallo del TCA, refiere a problemas en la firma de un convenio de pago del área de ATYR, y el funcionario firmante del acta del convenio es mencionado en el cuerpo del texto, esto nos trae a colación la última “gran idea”, y orden verbal, de los creadores de “todo por la web y al back”, así llegó la de que los convenios, que ya vienen completamente estudiados y hechos por funcionarios del back en lo que corresponde a facilidades de pago por jubilación, deben ser firmados en sus actas por el funcionario que recoge la firma presencial del contribuyente. Obligando a hacerse responsable de los cálculos, estudios, criterios aplicados (que no son informados al personal de atención al público) y legislación que estuvieron en el estudio realizado por el funcionario real que hizo e ingresó al sistema, a un trabajador que solamente imprime las actas correspondientes y que en la gran mayoría de los casos ni siquiera tiene el conocimiento de qué es lo que está haciendo firmar a las personas, mucho menos explicarles correctamente a qué se corresponde y cómo será la mecánica que se aplicará al momento de cobrar la prestación, pero lo peor de todo, y como queda en evidencia en este fallo del TCA, obligando a un trabajador del BPS que nada tuvo en el proceso excepto recepcionar una firma, a asumir las responsabilidades que correspondan ante la justicia en caso de existir errores en el cálculo o estudio al respecto.

Es inconcebible que se obligue a trabajadores que cada vez desconocemos más sobre el funcionamiento del organismo y sus prestaciones y trámites, por esta modalidad de la triple A, en la que transforman a funcionarios y funcionarias con años de experiencia e idoneidad en meros receptores de firmas y que limitan y rebajan el concepto de “servidor público” al de un mero repetidor de la frase “eso se hace por la web”. Es un desperdicio de los pocos recursos humanos con que cuenta el organismo, que podrían resolver en instantes un montón de tramitaciones que sin embargo, se derivan vía web a otros funcionarios que en muy poca cantidad se deben hacer cargo de solicitudes de todo el país, el resultado está a la vista, hasta los procesos más simples tardan ahora días, semanas o meses.

 

Un falso «empoderamiento»

Como frutilla a esta apestada torta encontramos órdenes que nos indican, a modo de empresa multinacional y liberal que con el fomento de las tramitaciones por vía web la intención es la de “empoderar” a la población con el uso del usuario personal para todo. La realidad, en muchísimos casos termina mostrando que la propia persona nos dice que debe darle el usuario a un familiar o a un conocido porque no tiene el conocimiento suficiente para operar por la obligatoria modalidad web, o sea, entregando una clave que debiera ser personal y que da acceso a toda la información y posibilidades de declaraciones juradas para con el BPS a terceros, familiares, amigos o gestores (para quien los pueda pagar, claro está). Nuestras jerarquías siguen avanzando en las órdenes que son completamente contrarias al Reglamento de Procedimiento Administrativo, convirtiendo trámites que debieran ser gratuitos siempre a que las personas deban pagar contratando gestorías o intermediarios por cualquier nimiedad, y negando de forma irracional, arbitraria y contraria a derecho a tramitaciones y/o prestaciones que requieren del BPS.

Es urgente que en todas las agencias del país se vuelva a habilitar y permitir las tramitaciones presenciales, sin detrimento de la posibilidad de hacerlo por la web, pero esta obligación no puede convertirse en la generalidad, ni este accionar puede seguir ocasionando pérdida de derechos a la gente.

El próximo fallo que tome el TCA bien puede tener nuestros nombres en la parte del “error”, y eso es responsabilidad de las autoridades del BPS, que en su mal accionar perjudica y empeora totalmente la atención y los derechos de la población y de sus trabajadores.

 

Escribe: Gonzalo Moreira, Secretario de Prensa de ATSS

Notas:

1,2) https://www.elobservador.com.uy/economia-y-empresas/el-tca-condeno-bps-pagar-mas-500-mil-mal-asesoramiento-y-us-3000-dano-moral-n5987984