Luego de una inesperada comparecencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Pablo Mieres en el Parlamento Nacional para dar explicaciones sobre la reforma jubilatoria, se produjo en la prensa una movida mediática intensa, con la cual se intentó y se intenta generar dudas, incertezas y ataques políticos directos contra la recolección de firmas por el plebiscito que proponemos para reformar tres aspectos medulares de la Seguridad Social en Uruguay.
Algunos de los argumentos vertidos son tan absurdos, tienen tan poco sustento en la realidad, que parecen más un acto desesperado de los promotores de la ley 20.130, recientemente aprobada en el Parlamento, que reformó el sistema jubilatorio nacional en forma extremadamente regresiva para tratar de evitar lo que parece ya evidente: que llegaremos a las firmas necesarias y habrá plebiscito.
Entendemos necesario responder a los principales planteos que se han realizado en estos días, uno a uno, con argumentación que dé por tierra a lo que se ha estado planteando.
Primero nos ocupamos de los intelectuales orgánicos de las AFAP
Comenzamos con el Ec. Ignacio Munyo, que dirige el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) en nuestro país. Munyo, fue autor del primer trabajo realizado dicha organización para ANAFAP, la organización que nuclea a las AFAPS, en el año 2016.
Es importante saber de quién y de quiénes estamos hablando. Ceres, y Munyo, desde su cargo de director de dicha organización, una ONG sin fines de lucro, que por tanto no realiza aportes a la Seguridad Social, utiliza su cargo -pagado por socios de gran poder económico como las propias AFAP, las cámaras empresariales y otras grandes empresas que reciben todo tipo de exoneraciones fiscales-, para hablar en su nombre, defendiendo sus intereses, los de aquellos que le pagan el sueldo.
O sea, no es “herbívoro”, es “carnívoro” y sus apariciones públicas no están exentas de intereses específicos, el de aportar sustento técnico, económico a aquellos que están en contra del plebiscito que promovemos los trabajadores organizados, organizaciones sociales y algunas organizaciones políticas.
Por eso apareció, desmelenado, expresando muchas frases de impacto, como para sensibilizar en contra nuestro a la opinión pública. Empezó comparando la eliminación de las AFJP en Argentina con nuestra voluntad de eliminar las AFAP. Y eso es incomparable porque, para no repetir errores, el movimiento sindical uruguayo optó por eliminar las AFAP mediante reforma constitucional, para lo cual, responsablemente se pensó también el blindaje del capital total de los trabajadores por medio de un fideicomiso, lo que aportará garantías a la trasferencia de dichos ahorros.
Es una pena que Munyo no recuerde el antecedente del Banco Montevideo que en 2002, siendo propietario de una AFAP, fue disuelto en medio de cuestionables manejos. No creemos necesario ahondar en este punto, pero sí parece imprescindible destacar que el aval y garante de aquel pasaje de dineros, como siempre fue el Estado uruguayo. O sea, los banqueros se llevaron la plata y la plata de los trabajadores la tuvo que poner el Estado, usted y yo, lector.
Todo este proceso se detalla en la papeleta y se realiza mediante una herramienta muy utilizada por gobiernos anteriores y por el actual, como lo es el fideicomiso, recurso utilizado para los cincuentones (Ley 19.590) y también para los cuarentones respectivamente (aditivo Ley 20.130, Ley 20.209 de octubre de 2023).
Sin perjuicio de lo mencionado, queda claro además que Argentina realizó, mediante voluntad política, un cambio paramétrico (decreto, no una reforma constitucional), sin tener presente que los fondos, debieron de destinarse solo al sistema jubilatorio y pensionario de dicho país, lo que ocasionó un descreimiento en el manejo de los capitales y sobre todo riesgos a nivel internacional que al día de hoy padecen los pasivos del vecino país. Por lo expuesto, no es lo mismo nuestro plebiscito que la definición del gobierno de la época.
Munyo -y otros, por cierto- han intentado descalificar nuestra propuesta de plebiscito diciendo que es “populista”. En cada etapa histórica las clases dominantes enarbolan el miedo, un fantasma. Ahora ese miedo, el fantasma, es el populismo. Me pregunto, y lo invito, lector, lectora a preguntarse qué es populismo.
Para nosotros, populismo, demagogia, es mentirle a la gente, prometiendo bajar impuestos en las campañas electorales, prometiendo no aumentar la edad jubilatoria, prometer eliminar el IRPF y el IASS, y luego no cumplir ninguna de estas promesas y sí subiendo impuestos, aumentando la edad jubilatoria y no eliminando tributos como los mencionados. ¡Eso es populismo y demagogia, mentirle en la cara a la ciudadanía!
Nuestra propuesta implica eliminar el lucro en la Seguridad Social y ese dinero, que es de los trabajadores, que desde 1996 se quedan las entidades financieras a las que pertenecen las AFAP sea devuelto a los trabajadores. Nuestra propuesta significa redistribuir mejor la riqueza y verter al consumo interno dinero real, que pueda solventar al pequeño y mediano comerciante y reactive ese sector de actividad, extremadamente castigado en todos estos años.
Munyo y quienes lo acompañan con un micrófono adelante “olvidan” que no solamente no se cumplió con la promesa de no aumentar la edad jubilatoria a las y los trabajadores activos, sino que encima se culpó a la Asesoría General de Seguridad Social (AGSS) del BPS, casualmente la misma que respaldó al ministro Mieres, el 7 de febrero con sus proyecciones actuariales, mismas que calculan números al año 2100.
Es justo preguntarse si llevaron en tales informes, el costo de la aplicación de los art.193-211-212 y 259 de la Ley 20.130, todos ellos cargando a rentas generales, tanto exoneraciones como la creación del suplemento solidario y la transferencia del 5% obligatorio de aporte a las AFAP de todo nuevo trabajador, durante 30 años, con opción a 10 años más, para paliar la desfinanciación de las cajas paraestatales. La respuesta es no, no llevaron números sobre esta erogación que haremos todas y todos los uruguayos desde rentas generales.
También él y otros economistas han pretendido descalificar nuestra propuesta, afirmando temerariamente que es retrógrada; deberían aportar fundamentos. En pleno 2024, cuando se modernizan las formas de trabajar, no hay políticas de generación de empleo decente y se rebajan salarios, los grandes capitales aumentan obscenamente sus ganancias. Vamos a un plebiscito para defender los derechos de la gente y asegurar en la Constitución tres puntos como un piso protector básico, para comenzar una nueva forma de la seguridad social y que esto no dependa de la voluntad o no, de reformas paramétricas de parte de los gobiernos de turno.
Cuando el Sr. Munyo asevera que estamos retrocediendo 30 años, ¿se refiere a la nueva ley aprobada el fin de año pasado, la ley 20.130 de reforma jubilatoria? Lo pregunto porque la reforma de 1996, que creó las AFAP, fracasó tan estrepitosamente que ahora debe ser reforzada, 28 años más tarde y amplía el negocio y la recaudación de las AFAP, atacando de plano las cajas paraestatales, obligando a la afiliación forzosa a trabajadores de muy bajos ingresos.
Ponen también el grito en el cielo porque con la reforma perseguimos el objetivo de aumentar jubilaciones y pensiones. Es simple castigar a los pobres cuando se está sobrado de recursos económicos. Para nosotros es primordial, por lo que esto significa, que no es ni más ni menos que una real redistribución de la riqueza.
Incluso olvida que en el plebiscito de 1989, votado masivamente por la ciudanía de todos los partidos, al aumentar las pasividades por el Índice Medio de Salarios (IMS), se decidió, que el aumento real fuera a todas las prestaciones de pasivos, no a las más sumergidas como promovemos ahora, por lo que nuestra propuesta tiene consigo un criterio más solidario y responsable. Y eso se reconoce en dos motivos: el primero es que se mejora el piso mínimo y el segundo, porque quien menos gana vuelca la totalidad de su ingreso al mercado interno, mayoritariamente en alimentos, donde en más de un 40% en el núcleo familiar conviven niños pobres.
Falta también a la verdad cuando habla de la suba del gasto, al afirmar que se necesitarían 1100 millones de dólares extras, recursos que, afirma, no poseemos.
Munyo parece “olvidar” que la reforma que proponemos plebiscitar, al eliminar las AFAP automáticamente hace que 1.468 millones de dólares (a valores del año pasado) retornan al BPS. O sea que los recursos que Munyo dice que no están, están. Sin perjuicio de los más de 22.000 millones de dólares que volverían por el mecanismo de fideicomiso, utilizados en la ley de cincuentones y en la reciente Ley 20.209 de cuarentones (aditivo ley 20.130).
Adicionalmente, lo desafiamos a que cuente de dónde obtiene esa cifra, porque no conocemos ningún estudio que la respalde y demuestre que para alcanzar el objetivo de que las jubilaciones y pensiones se equiparen al Salario Mínimo Nacional (SMN), se necesiten esos 1100 millones de dólares a los que refiere. Y si fuera así, sería dinero que volvería al mercado interno, fortaleciéndolo, recuperándolo. No le vemos el aspecto negativo.
Al hablar de la edad de retiro, de nuestra propuesta de volver a 60 años para tener derecho a la jubilación, más allá de la libertad que se seguirá teniendo para retirarse más adelante, según Munyo eso significará una erogación de alrededor de 3.000 millones de dólares. Lo que no dice ni explicita es a qué fecha se calcula este dato, quizá y por cómo fue la discusión, las proyecciones que realiza sean al año 2100, cuando, notoriamente no sabremos cómo serán el mercado y las formas de trabajo, de producción, ni en qué industrias o ramas de actividad, entre otros datos que son impredecibles como premisa de base para realizar tales expresiones.
Ni siquiera la Comisión de Expertos en Seguridad Social se animó a predecir un escenario en el que estos números aparezcan en ninguna ficha técnica de su página oficial, claramente porque el promedio de retiro en Uruguay está entre los 63 y los 64 años de edad.
Munyo pretende asustar a la ciudadanía hablando de una supuesta “oleada de juicios al Estado” con la reforma que proponemos. Munyo, con franqueza, la inmensa mayoría con el plebiscito, sin lucro, sin AFAP van a cobrar más o igual jubilación. ¿Por qué irían a la justicia para litigar contra el Estado? También mencionó la posibilidad de enjuiciar por parte de las AFAP al Estado por lucro cesante. ¡Enhorabuena, Munyo, está reconociendo que quienes le pagan a usted el sueldo lucran! Esto confirma lo que denunciamos desde hace casi 28 años. En tal sentido la papeleta recoge este tema y prohíbe que genere indemnización por lucro cesante. A nivel mundial, no hay antecedentes de países que revirtieran el sistema mixto, que se los enjuiciara; ese argumento carece no solo de respaldo crítico, carece además de honestidad intelectual y de evidencia empírica.
También hace Munyo terrorismo ideológico, cuando afirma que con la reforma que proponemos, de ganar el plebiscito, es un momento perjudicial para aumentar los impuestos a los trabajadores, lo cual no demuestra porqué tiene que ser así. En paralelo, nada dice sobre proponer otras fuentes de financiación aún no exploradas, ¿no es una opción aumentar los impuestos a los grandes capitales? Munyo está haciendo muy bien sus deberes, ya que defender estos intereses minoritarios es defender su propia fuente de trabajo.
Otro actor fundamental: el ministro Mieres
El ministro Mieres, “casualmente” repetido hasta el hartazgo por los grandes medios de comunicación, hizo sus propias afirmaciones temerarias y sin sentido, sin evidencia real. Se concentró especialmente en sostener que nuestra reforma, nuestro plebiscito, de ser votado favorablemente por la ciudadanía, duplicará el aporte jubilatorio de los trabajadores.
Dijo Mieres: “Es al trabajador, ese al que dicen que están defendiendo, en vez de descontarle un 15% de su nominal, le van a tener que descontar un 30%, pavada de rebaja del salario real, pavada de rebaja. 30% para pagar las jubilaciones con el nuevo sistema que se pretende con el plebiscito”. En síntesis, el ministro afirma que el aporte personal a las jubilaciones es 15%, dice que va a ser 30%, y habla de un sueldo de $30.000.
Para demostrar que esto es completamente falso aportamos un cuadro realizado en base a un salario de $30.000 mensuales. Según Mieres, ese trabajador pagará $4.500 más por concepto de Montepío, en tal sentido su sueldo líquido será de $19.620 (antes $24.120), este nuevo esquema deja al mismo trabajador por debajo de la línea de la pobreza, aunque aún no se conocen los datos de cierre de 2023, seguramente este se ubique en los $20.000.
Las aseveraciones del ministro Mieres crean real preocupación dado que a su rol compete velar por la vida, salud y seguridad en el ámbito laboral, generar políticas públicas de empleo digno, sin perjuicio de respetar tanto convenios como recomendaciones de la OIT, que van en esta dirección y no en la de utilizar a la masa de obreros como variable de ajuste, tanto en actividad como cuando se retiran del mercado de trabajo, decretando o negociando salarios miserables, producto de proponer aumentar impuestos y rebajar jubilaciones.
De este detalle queda muy gráficamente establecido el costo del aporte al trabajo del obrero y el patronal. Recordemos que en 2007 se modificó a la baja el aporte del empleador, esto es importante destacarlo, a la vez que hay que mencionar que tener en cuenta que el número de cotizantes en 2003 fue de 845.921 y en 2019 fue 1.454.201. En 2014, el año con mayor número de cotizantes fue 1.477.130, apenas superior en 1,5% a los valores de 2019. Si en el año 2003 se hubieran hecho proyecciones lineales de la relación activo/pasivo, que en ese año era 1,76, nadie hubiera sostenido que iba a aumentar a 2.70, pero eso fue lo que sucedió. Asumir que el futuro del trabajo es el creciente desempleo y, por tanto, la reducción de los trabajadores activos es una de las visiones posibles, no necesariamente la más certera.
Y finalmente
El movimiento sindical y las organizaciones sociales cuestionamos duramente esa reforma y en su momento lo explicamos en forma contundente. Por eso proponemos una reforma, mediante plebiscito, que propone tres puntos para detener lo peor que tiene el nuevo sistema jubilatorio, que perjudica en forma grave a los sectores populares y beneficia, notoriamente al sistema financiero, a las AFAP.
Recién al final de sus intervenciones temerarias, Munyo va al nudo de su planteo, al centro de sus verdaderas preocupaciones, al tema del GRADO INVERSOR. Ahí está la verdadera cuestión, es donde radica el miedo real; se explica de forma clara, si Uruguay perdiera el grado inversor, será porque el ahorro de los trabajadores se está usando para algo, que no son los fines con los que se publicitaron las AFAP, que apuntaban a duplicar jubilaciones.
Entonces, están reconociendo nuevamente que se están usando aportes jubilatorios para que lucren los bancos, para que Uruguay tenga su grado inversor. Para que las AFAP puedan invertir en alguno de estos proyectos de Participación Público-Privada (PPP), los mismos deben cumplir una serie de exigencias, como cotizar en algún mercado financiero formal, contar con la autorización del BCU y poseer una cierta calificación de riesgo. Estos contratos se pueden celebrar en áreas generalmente de infraestructura como carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles; prisiones; centros de salud; centros educativos; vivienda social y tratamiento de residuos, casi todos ellos derechos humanos responsabilidad de un Estado protector que se quita responsabilidades y las transfiere deliberadamente a la gente.
La Ley Nº 18.786 establece el marco regulatorio aplicable a este tipo de régimen de Contratos de Participación Público-Privada. Para informar detalles, la construcción del primer proyecto de Participación Público-Privada del Uruguay, denominado Unidad de Punta de Rieles, comprendió el diseño, construcción, equipamiento y operación de un nuevo centro carcelario que se ubicó en la zona de Punta de Rieles. Todo esto con la plata de la gente, la misma a la que le dicen que si triunfa nuestro plebiscito se les expropiaría.
Para esto, con responsabilidad y asesoramiento adecuado, desde el movimiento popular aportamos posibles alternativas.
Es necesario rediscutir las cuentas con el FMI y resolver otro mecanismo que garantice el grado inversor, que no dependa del ahorro de trabajadores, reformar otras cosas que capaz que son ineficientes, pero no podemos admitir que para que el país goce de buenas calificaciones a los ojos de los usureros de siempre, el costo sean rentas de AFAP, lucro en las jubilaciones y el resultado un promedio de 7600 pesos mensuales (promedio BPS 32000 pesos mensuales), el sacrificio literalmente es todo del pueblo trabajador y es por eso que debemos firmar, votar y ganar este plebiscito.
El camino es largo y arduo y reconoce mojones. La seguridad social es un derecho humano fundamental, esencial, en Uruguay y en casi todos los países del mundo está consagrado como derecho con estas características. Ahora nuestra primera batalla es alcanzar las firmas al 27 de abril, plazo máximo para presentar el recurso de plebiscito que estamos promoviendo.
Luego, cuando presentemos las firmas y se confirme lo evidente -que habrá plebiscito-, viene una segunda etapa, de debate público de estos temas. Cuando lo logremos, cuando presentemos las firmas, comenzará un tiempo nuevo y allí el resultado final dependerá de la capacidad de todas y todos de defender los derechos de las grandes mayorías, de los que más necesitan, de todas y todos nosotros, trabajadores formales, informales y desempleados.
De este lado estamos, del lado correcto de la historia. Defendiendo los intereses populares, explicitando claramente quién está en la vereda de enfrente y a quienes defienden. Siempre estaremos junto a usted, que nos lee, trabajador formal, informal, jubilado o desempleado, presupuestado, tercerizado o precario. Siempre estamos acá.
Karina Sosa Mahr
Presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social
