En un escenario nacional e internacional en donde los discursos antifeministas ganan terreno y se intenta poner en cuestión cada conquista en materia de derechos, la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH, con el respaldo de ONU Mujeres, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Dirección de Desarrollo de UCLAEH, presentó en julio de 2025 un informe que es, sin dudas, una fuente de evidencia clave: “Denuncias falsas de violencia basada en género en Uruguay, 2021-2023”.
El estudio llega en un momento oportuno. No solo por el auge de propuestas regresivas que buscan modificar la Ley Integral 19.580, sino también porque responde a una necesidad urgente, dotar de rigor, evidencia y verdad una discusión que ha sido fomentada desde el rumor, el prejuicio y la desinformación.
Los datos como herramienta para desmantelar discursos que desinforman
Uruguay carga con estadísticas alarmantes en materia de violencia de género. En 2022, nos encontrábamos entre los cuatro países de América Latina y el Caribe con mayor tasa de feminicidios. La última Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones reveló que el 67% de las mujeres mayores de 15 años en Uruguay han reportado situaciones de violencia a lo largo de su vida. Las denuncias por violencia doméstica (término que utiliza el sistema de justicia) superan las 40.000 cada año, siendo el segundo delito más frecuente después del hurto. Estos números no son fríos; son el grito desgarrador de miles de mujeres que claman por justicia y protección.
En este contexto de urgencia, la Ley 19580, «Ley integral para garantizar una vida libre de violencia basada en género», promulgada en 2018, se erige como un pilar fundamental. Esta normativa, fruto de un proceso colaborativo entre instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil, aborda de forma amplia las diversas manifestaciones de la violencia de género, poniendo énfasis en la prevención, la protección de las víctimas y la coordinación interinstitucional. Es una ley que reconoce y visibiliza formas de violencia históricamente ignoradas, establece un sistema integral de respuesta y garantiza el acceso a la justicia con tutela judicial efectiva para las víctimas.
Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de constantes embates contra esta ley. Con un trasfondo de un clima global regresivo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, se ha intentado cuestionar la Ley 19580, aduciendo que es parcial en favor de las mujeres y, sobre todo, afirmando la existencia de «múltiples denuncias falsas» que supuestamente perjudican a los varones.
Iniciativas legislativas en 2024 y 2025 buscaron modificarla, pero no prosperaron. En este contexto, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), perteneciente a la Organización de Estados
Americanos, emitió una crítica contundente hacia los proyectos de reforma que pretendían modificar la Ley 19.580. Este organismo internacional, conformado por especialistas en derechos humanos y género, tiene como misión garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
El Comité exhortó a las autoridades uruguayas, en particular al Poder Legislativo, a rechazar cualquier modificación que implique un retroceso, subrayando que tales propuestas son incompatibles con el principio de progresividad de los derechos humanos. Además, alertó sobre los riesgos de legislar en base a discursos sin respaldo empírico, como el de las supuestas denuncias falsas generalizadas.
Aquí es donde la rigurosidad de la investigación de la Universidad CLAEH se vuelve una trinchera inconquistable. El informe desmantela la narrativa de las «denuncias falsas» con hechos irrefutables. Señala enfáticamente que la afirmación de que existen múltiples denuncias falsas carece de sustento en la realidad uruguaya, ya que «no hay datos ni ninguna evidencia que la sustente». En un relevamiento de 85 expedientes judiciales entre 2021 y 2023, solo dos estuvieron vinculados a denuncias falsas en contextos de violencia basada en género.
De esos dos casos, el informe detalla que uno fue cometido por un varón contra su expareja (lo que encuadra, en sí mismo, como una forma de violencia de género); y el otro fue detectado y resuelto rápidamente por el sistema judicial, sin perjuicio para la persona denunciada. ¿Dónde está entonces la epidemia?
Este dato por sí solo bastaría para desmontar los relatos que han alimentado el pánico moral en torno a la ley. Pero el informe no se queda en la superficie, examina también la jurisprudencia nacional, el testimonio de operadores judiciales y los antecedentes internacionales. En todos los planos se repite el mismo patrón en donde se manifiesta que las denuncias falsas son una rareza estadística.
Los datos internacionales refuerzan esta realidad. Estudios en Estados Unidos y el Reino Unido muestran porcentajes de denuncias falsas en casos de agresión sexual que oscilan entre el 3% y el 5.9%. Las fiscalías revelan cifras aún más bajas; por ejemplo, en el Reino Unido, solo el 0.037% de los casos de violencia de género analizados fueron denuncias falsas. En España, entre 2009 y 2023, el promedio de sentencias condenatorias por denuncia falsa fue de un ínfimo 0.0084%. El informe es claro: «En conjunto, los datos muestran que el porcentaje de denuncias falsas en casos de violencia de género es bajo. De hecho, los índices de denuncias falsas no son superiores a los registrados en otras categorías de delitos».
Una Ley que protege, un relato que incomoda
Desde su entrada en vigencia en 2018, la Ley 19.580 ha sido una herramienta vital para visibilizar, prevenir y sancionar la violencia basada en género. Fue construida con participación del Estado, organizaciones feministas y organismos
internacionales, en cumplimiento de tratados como la Convención de Belém do Pará. Pero su misma potencia protectora ha generado reacciones.
En los últimos años, se han multiplicado los proyectos legislativos que buscan recortar su alcance. ¿El argumento estrella? las denuncias falsas. ¿El problema? no hay evidencia que lo sustente. Incluso las personas entrevistadas para el estudio, juezas, fiscales, defensoras y peritas, coinciden en que no se ha demostrado una prevalencia significativa de denuncias con dolo.
Como señala el informe, confundir archivo de causas, absoluciones o errores probatorios con denuncias falsas es tan irresponsable como injusto. El archivo de una causa no significa que el hecho no ocurrió, ni mucho menos que la denunciante mintió.
A menudo, el miedo, la revictimización y la falta de recursos impiden a las mujeres sostener sus denuncias. A eso se suman los estereotipos que aún circulan en nuestras salas de audiencia, donde la vestimenta, el vínculo previo o el “tono de voz” de la víctima siguen siendo usados para poner en duda su relato.
La percepción social distorsionada sobre la frecuencia de las denuncias falsas es un mito profundamente arraigado que tiene un impacto considerable en la lucha contra la violencia de género.
Es un discurso antifeminista que busca deslegitimar los avances y generar desconfianza en el sistema. Lo que la evidencia demuestra es que la gran mayoría de las supervivientes de violencia no denuncian los hechos, en gran parte por la falta de credibilidad que aún enfrentan. Según ONU Mujeres, menos del 40 % de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda, y menos del 10 % de ellas recurren a la policía.
La investigación de la Universidad CLAEH es una contribución académica de alto valor político. No solo porque desarticula una mentira repetida hasta el cansancio, sino porque plantea con firmeza lo que debería ser obvio: las políticas públicas deben basarse en datos, no en prejuicios.
No se trata de negar que puedan existir denuncias falsas. El punto es que no son la regla, sino la excepción. Y el sistema judicial tiene, como lo ha demostrado, herramientas para detectarlas y sancionarlas sin necesidad de desmantelar todo un marco de protección.
Frente a los intentos de retroceso, las mujeres no pedimos impunidad ni inmunidad. Exigimos justicia con perspectiva de género, que garantice a las mujeres vivir sin miedo, sin violencia y sin ser criminalizadas por denunciar. Este informe nos devuelve certezas en un mar de sospechas construidas: las mujeres no mienten más que los varones. Lo que miente es el relato que quiere hacerlas callar.
Este informe es una herramienta vital para seguir exigiendo que las políticas públicas se basen en evidencia científica y no en rumores o intereses regresivos. Las modificaciones a la Ley 19580, si las hubiera, deben apuntar a mejorar su efectividad y profundizar la protección, no a retacear derechos o disminuir los estándares de amparo a las mujeres.
Sabemos, y lo repetimos, que una ley sin presupuesto es apenas una linda norma escrita, pero sin capacidad de transformar la vida de las personas. No alcanza con que exista en los papeles, se necesita personal capacitado, equipos territoriales, refugios, líneas de atención, dispositivos electrónicos, defensas especializadas, justicia con perspectiva de género. Se necesita una decisión política firme y sostenida para enfrentar esta epidemia de violencia basada en género.
La desinformación es un arma peligrosa que busca perpetuar la violencia. La verdad sustentada en datos rigurosos y en la vivencia de las mujeres, es nuestra mejor defensa. Sigamos construyendo una sociedad donde la vida libre de violencia sea una realidad innegociable para todas y todos.
Informe Final “Denuncias falsas de violencia basada en género en Uruguay 2021-2023”, Universidad CLAEH. https://universidad.claeh.edu.uy/blog/presentacion-del-informe-sobre-denuncias-falsas-de-violencia-basada-en-genero-en-uruguay/