En Uruguay, la salud mental en el trabajo ha emergido como una cuestión crítica que demanda atención urgente. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés laboral, el Sindrome de Burnout y los trastornos de ansiedad afectan a colectivos cada vez más crecientes de las y los trabajadores uruguayos, con consecuencias devastadoras para su calidad de vida y productividad. Sin embargo, pese a su impacto social y económico, este tema sigue siendo subestimado en muchas empresas e instituciones.
Es un problema silenciado, pero no es invisible. El trabajo ya no se limita a la carga física; la presión psicológica se ha convertido en un riesgo laboral tan grave como los accidentes de trabajo. En Uruguay, el aumento de licencias médicas por depresión, ansiedad y otros padecimientos psicológicos, según cifras del propio BPS, evidencian una crisis que no puede ignorarse. Las sobreexigencias de productividad, la precarización laboral, muchas veces la falta de conciliación entre la vida personal y el trabajo, así como también el acoso laboral son factores que deterioran la salud mental de las y los trabajadores.
A esto se suma un sistema de salud mental con limitaciones estructurales. Aunque la Ley N° 19.529, de Salud Mental, aprobada en el Parlamento Nacional en 2017, hace ya ocho años, establece un marco de protección, su aplicación en el ámbito laboral sigue siendo insuficiente. Muchas empresas carecen de protocolos para prevenir el estrés laboral, y los trabajadores temen hablar del tema por miedo al estigma y, en extremos, a represalias.
Ignorar el problema, hacer como el avestruz, esconder la cabeza no solamente tiene consecuencias personales para quienes sufren, tiene también consecuencias para las empresas empleadoras, sean estatales o privadas y del porte que sean.
Proteger, preservar, cuidar la salud mental es, esencialmente un deber ético compartido y esa dimensión es la que siempre tenemos que tener presente en primerísimo lugar. Pero también tiene un alto costo económico. La OIT estima que los trastornos mentales representan pérdidas cuantiosas para las empresas uruguayas debido al ausentismo, la disminución de la productividad y la rotación de personal.
Lo consignamos, lo tenemos en cuenta, porque también desde ese punto de vista la irresponsabilidad empresarial en el cuidado y la preservación de la salud mental de las y los trabajadores tiene esos costos materiales. Pero más allá de las cifras, está el sufrimiento humano, lo que, desde nuestra mirada, está en el centro de nuestras preocupaciones y desde nuestra organización sindical queremos incidir para hacer visible.
Tanto a nivel público como privado las condiciones inadecuadas de trabajo provocan en las y los trabajadores diversos trastornos como ansiedad, caída de la autoestima personal y laboral y depresión, con diferentes grados de profundidad.
En algunos casos por el cumplimiento de jornadas extenuantes de trabajo, algo cada vez más extendido en la actividad privada, en otros, por obligar al cumplimiento de tareas para las que no se cuenta ni con las herramientas ni con las indicaciones ni la dotación de personal necesarias, algo que viene agravándose en la actividad pública.
Hay más situaciones, la lista es larga. Empleados públicos y privados que enfrentan acoso laboral sin tener conciencia clara de que pueden, a veces, no siempre, acceder a herramientas para defenderse. Porque no alcanza con que las organizaciones tengan oficinas o departamentos de Salud Ocupacional, es importante que haya un compromiso y una actitud francamente activa, comprometida al respecto.
Pensemos también en lo que acontece con nuestras y nuestros jóvenes, que, salvo en algunos segmentos tecnológicos –en donde, por cierto la exigencia es cada vez mayor y los salarios cada vez menores–, el mercado laboral para ellos es altamente restrictivo, mal pago, con altísimos niveles de incertidumbre y stress, precarizados, con contratos realizados mediante tercerizaciones, en muchos casos pagándoles el laudo o incluso menos, ante la ausencia en años anteriores y aún hoy de un Estado que inspeccione correctamente. Y eso cuando no los despiden en tiempos breves simplemente para no tener que pagarles por sus derechos laborales mínimos, básicos.
¿QUÉ HACER ANTE ESTAS REALIDADES?
Lo primero, fundamental, hablarlo, poner en palabras, escuchar, dialogar, legitimarlo, problematizarlo. Superar la vergüenza y el “no te metás”, empatizar con quien sufre. Por eso estos temas nos importan como sindicato, lo incorporamos en forma jerarquizada en nuestra propuesta de Convenio Colectivo y abrimos espacios en nuestros medios de comunicación para hablar de ello, para entender y entendernos.
Y enseguida, recuperar derechos perdidos, para lo que es fundamental promover y desarrollar políticas públicas desde un enfoque no solamente de denuncia sino de prevención.
Es vital fortalecer la fiscalización de condiciones laborales por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del cumplimiento de derechos elementales, como por ejemplo que no se paguen salarios por debajo de los laudos mínimos establecidos en los ámbitos destinados a ello.
La contienda planteada ante la OIT por parte del movimiento sindical sobre el tema de las licencias médicas en el ámbito público va en ese camino. En los años anteriores, ante este problema tan grave y creciente, se optó por parte de las autoridades gubernamentales por tomar el peor camino, el de la represión y la sanción y no el de la comprensión, el del estudio consciente de sus causas, el hacerse cargo de la responsabilidad de cada una, de cada uno.
Es más fácil, “más barato”, fomentar el discurso berreta de que las y los trabajadores, especialmente los del Estado, somos una manga de vagos y privilegiados. Los resultados de este discurso y de una gestión paupérrima desde las “altas esferas” están a la vista: en el BPS hay 58.000 expedientes atrasados, como denunciamos una y otra vez. Y no son expedientes, son personas que tienen derechos y a los que se les ha obligado a esperar tiempos que no tienen para acceder a ellos.
Hay que implementar programas de bienestar emocional en empresas, tanto públicas como privadas, en donde esté garantizada la participación de representantes de sus respectivas organizaciones sindicales, capacitados debidamente para cumplir estas tareas.
Trabajar en la promoción de entornos laborales libres de acoso, con horarios racionales y descansos adecuados, así como la capacitación a trabajadores, mandos medios y superiores en la detección temprana de señales de estrés, ansiedad y otros trastornos psicológicos.
Desde el movimiento sindical, debemos accionar para romper el silencio y así poder hablar de salud mental sin miedo a represalias, tanto en organizaciones empresariales más grandes como en las de menor porte, donde los trabajadores no suelen tener una organización que los pueda respaldar adecuadamente.
También exigir a las autoridades competentes el diseño y la adopción de protocolos contra el acoso laboral y sumar temas estratégicos como el apoyo psicológico en los diversos convenios colectivos que se vayan llevando adelante.
Necesitamos, para ello, un sistema de salud que acompañe, que amplíe la cobertura real en materia de salud mental tanto en el ámbito mutual como en ASSE y que garantice el acceso a estas prestaciones de manera tal que sean realmente accesibles, tanto en términos económicos como en tiempos de espera, que en la actualidad son, salvo muy pocas excepciones, eternos: las personas sufren y no pueden esperar. A nadie se le ocurriría no atender con urgencia una dolencia física. Esto vale también cuando el malestar está instalado en la psiquis de las personas, de los trabajadores, es tan grave como cualquier malestar físico, aunque aún no todas y todos podamos comprenderlo.
Quien sufre, sufre, no está de viva o de vivo. Uruguay más que duplica la tasa mundial de suicidios. En algunos sectores de la población la situación es aún más dramática y se está extendiendo a niñas, niños y adolescentes, que llegan crecientemente a las puertas de los hospitales públicos y centros asistenciales privados con crecientes intentos de suicidio. Pero afecta a todos los sectores sociales y a todas las edades. No es casualidad.
EN SUMA
La salud mental en el trabajo no es un lujo, es un derecho. Uruguay tiene la oportunidad de liderar en América Latina con políticas innovadoras, pero requiere voluntad política, compromiso empresarial y participación activa de los trabajadores.
Desde ATSS y de forma bipartita entendemos la importancia y el fundamental valor que tienen los ámbitos de trabajo en los que en la actualidad se está construyendo un nuevo protocolo sobre salud mental, tan necesario y postergado en nuestro organismo, pero al que en estos tiempos, apostamos a lograr avances sustantivos a través de un trabajo conjunto.
Hoy más que nunca, debemos preguntarnos: ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una que condena cada vez más masivamente a sus trabajadores hasta el agotamiento o una que los protege y valora? La respuesta está en nuestras manos.
Que el trabajo dignifique y no destruya, también es nuestro desafío, nuestro compromiso. Legitimemos, entre todas y todos, que la salud mental, que la salud ocupacional, también es un derecho y no un privilegio para muy pocos, que pueden pagar profesionales en forma particular. Y que, por cierto, tampoco se arregla simplemente con pastillas, es bastante más complejo que eso.
Escribe: Álvaro Díaz, ATSS