A través de este artículo de Adolfo Bertoni, ex presidente de ATSS y actual integrante de su comisión especializada en el tema haremos una primera revisión sobre el estado de la seguridad social y sus reformas hasta fines de los años 90, a fin de proporcionar elementos que permitan comprender mejor la coyuntura actual y brindar bases para la formulación de respuestas ante la inminente reforma de la Seguridad Social que llevará adelante el presente gobierno, en próximos boletines seguiremos compartiendo el presente documento.
Hay un cerco de garras que ahora se entretienen con su presa. (Nadie escucha esta tarde la oración que nos dice la carroña).
Seguridad social, política y sociedad
La vida humana se construye “entre fuegos”: hay una lucha permanente entre el interés privado y las necesidades colectivas. Por un lado las urgencias de expansión económica y política de los grandes empresarios, y por otro las necesidades de los hombres y mujeres comunes del pueblo de construir un mundo solidario y protector. En esa lucha, hay que tomar partido. Vale tenerlo especialmente en cuenta, cuando la reforma de las condiciones de ejercicio de un derecho humano fundamental, aparece presentada por los actores políticos y la mayoría de los medios de comunicación como un problema de “expertos” (muchos de ellos muy valiosos y leales intelectualmente, pero unos cuantos sin credenciales para opinar sobre los problemas sociales que subyacen y deberían vertebrar la discusión).
Quiero decir: la discusión esencial es política, de alta política. ¿Qué papel se le asignará al pueblo en esta discusión que habrá de afectarlo enteramente?
Las tijeras de la dictadura cívico militar
Luego del Golpe de Estado, el gobierno dictatorial intervino lo que entonces era el Banco de Previsión Social junto con otras instituciones, culminando el 22/10/79 con la unificación de todos ellos en la Dirección General de la Seguridad Social conforme al llamado Acto Institucional No. 9, “redactado en la serenidad del gabinete y lejos de la excitación de los intereses populares”, recortando derechos provenientes de los periodos democráticos anteriores (ciertamente imperfectos, desparejos y caóticos).
Se eliminaron causales jubilatorias, se elevaron las edades mínimas para el retiro y se redujo el monto de las jubilaciones y pensiones. Se impuso una rebaja de las tasas de aportes patronales.
En particular, se eliminó el aporte patronal del 8% que financiaba el importante y beneficioso Sistema de Asignaciones Familiares, sustituyéndolo por 5 puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), creado en 1972.
Se derogaron otras fuentes, recaudadas a través de impuestos a bebidas alcohólicas, carreras de caballos, rentas aduaneras, juegos de azar, etc., que llegaron a explicar más del 10% de los ingresos. Se establecieron topes a las jubilaciones.
Sin embargo, vale la pena destacar que aquellas modificaciones dictatoriales no modificaron la estructura del sistema, manteniendo el reparto y la solidaridad intergeneracional, sin privatizar uno solo de los aspectos, (En Chile, en 1980 con el Decreto 3500, Pinochet y sus secuaces destrozaban todo rasgo de solidaridad imponiendo a raja tablas la privatización total del régimen de jubilaciones y pensiones, eliminando todo aporte patronal) (2) .
Para tener solamente una idea de la profundidad del retroceso uruguayo, debe saberse que el valor real de las pasividades en curso de pago fue tomado como variable de ajuste, y en 1984 era apenas el 26% de lo que valían en el año 1972.
El periodo 1985-1989.
Los acuerdos incumplidos.
Como parte de la lucha contra la dictadura, se había creado la Concertación Nacional Programática (CONAPRO), con participación de todos los sectores políticos y sociales, alcanzando un importante número de acuerdos, que mejoraban los derechos y condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y pensionistas.
Sin embargo, bajo la primera presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti, solamente se cumplió con la llamada “reinstitucionalización del BPS”; se recuperó en parte el valor real de las pasividades, pero continuó su manejo discrecional para ajustar los números del sistema. Como consecuencia de ello, el periodo culminó con una Reforma Constitucional promovida por algunas Asociaciones de Jubilados y Pensionistas y sectores de la ATSS, con la oposición de todo el sistema político (3) , plebiscitada en simultáneo con las elecciones nacionales de 1989, y aprobada por el 82 % de la ciudadanía que dejó escrito en la Constitución de la Republica que obligatoriamente el ajuste de las pasividades nunca puede ser menor a la variación del Valor del Índice Medio de Salarios.
El periodo 1990-1994: la “motosierra” versus el pueblo.
Después de un primer gran intento de reforma fracasado, (que incluía una capitalización individual “ficta y estatal” similar a las “cuentas nocionales” de las que hoy se habla), en la Rendición de Cuentas de 1992, de manera claramente inconstitucional, se introdujeron artículos que empeoraban lo dejado por la dictadura (nuevos aumentos de las edades de retiro, más rebajas de los porcentajes de asignación jubilatoria, etc.).
La respuesta inmediata fue una nueva recolección de firmas (promovida esta vez por la ATSS y el resto del PIT-CNT, la ONAJPU y el Frente Amplio), dando lugar a un nuevo plebiscito realizado junto con las elecciones nacionales de 1994, obteniendo el apoyo del 76% de la ciudadanía, que anuló las modificaciones restrictivas votadas en 1992. El periodo 1995-1999. Dando la espalda a las expectativas populares, o la violación de los discursos preelectorales.
Entre los meses de julio y noviembre de 1994, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), había realizado una encuesta coordinada por el Dr. Labadie cuyos resultados indicaron que:
1) el 80% de la población veía a la seguridad social como un problema;
2) las razones eran: la insuficiencia de las prestaciones; que los beneficiados por el régimen vigente eran los empresarios, los militares y los profesionales; y que los perjudicados eran los trabajadores y los ancianos;
3) sin embargo, solo el 16% la veía como la principal reforma a realizar. En simultáneo: ¿cuáles fueron los discursos preelectorales que los distintos candidatos y partidos ofrecieron a la ciudadanía?
Por el SISTEMA MIXTO sólo se expresaron favorablemente el Foro Batllista (Dr. Sanguinetti) dentro del Partido Colorado (4) , y el Nuevo Espacio liderado por Rafael Michellini (entonces fuera del FA). Por el mantenimiento del SISTEMA DE REPARTO Y SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL se pronunciaron todo el Partido Nacional (Dr. Alberto Volonté, Dr. Juan Andrés Ramírez y el profesor Carlos Julio Pereyra), y todo el Frente Amplio (Dr. Tabaré Vázquez).
Si bien la Presidencia de la República fue ganada por el Dr. Sanguinetti, el Parlamento resultante fue integrado por un 38% de legisladores que estaban a favor del Sistema Mixto, y un 62% en contra del mismo. Sin embargo, por un acuerdo entre los Partidos Colorado, Nacional y el Nuevo Espacio, la reforma terminada de votar fue absolutamente a contramano de lo manifestado y elegido por la mayoría del pueblo uruguayo: I) la principal reforma fue la de la seguridad social; II) la insuficiencia de las prestaciones pasó a ser mayor; III) los beneficiados por la reforma fueron los mismos empresarios (a quienes se les redujo el aporte patronal a la mitad), manteniéndose la situación de militares y profesionales; y IV) el SISTEMA MIXTO (5) , rechazado en las urnas, pasó a ser el sistema vigente impuesto por la ley 16.713. (La respuesta del llamado “campo popular” merecería un artículo aparte que excede los objetivos de este trabajo) (6) .
La vigencia de la ley desde 1995: el texto legal (hasta el 2007).
La ley 16.713 comenzó a ser aplicada de inmediato: en octubre de 1995, empezó la eliminación o recorte severo de las pensiones, especialmente de las viudas jóvenes.
En abril de 1996 comenzó el sistema mixto, con un primer pilar obligatorio de solidaridad intergeneracional a cargo del BPS, y un segundo pilar también obligatorio en ciertos casos, de ahorro individual en las AFAP. Además del aumento de la edad jubilatoria de la mujer (de 55 a 60 años en forma escalonada) se modificó el periodo de cálculo del sueldo básico jubilatorio y se rebajaron sustancialmente los porcentajes de asignación jubilatoria (lo que algunos técnicos mal llaman tasas de sustitución o reemplazo).
Por último, se estableció en 35 el mínimo de años de trabajo requeridos, que en el caso de los trabajadores dependientes deben estar registrados en la historia laboral a partir del 1/4/1996, y en el de los no dependientes ser efectivamente cotizados.
La prestación mensual del Régimen de Ahorro Individual está “determinada por el monto acumulado de los aportes” (a los que deben restarse mes a mes las comisiones que cobran las AFAP, su lucro), “sus rentabilidades” (que en algún caso pueden ser negativas), y “de acuerdo a tablas generales de la expectativa de vida”. Es decir: el reino de la incertidumbre, todo lo que NO debe ser la seguridad social, impuesto en democracia.
NOTAS:
1: La seguridad social excede largamente a las jubilaciones y pensiones. Aquí hablamos sólo de las prestaciones de pasividad que paga el BPS.
2: En Uruguay, el primer artículo publicado ya en democracia defendiendo “las bondades” de la capitalización individual obligatoria y privada, fue firmado por un joven economista de nombre Isaac Alfie..
3: Sin embargo, ante el aluvión de firmas y el clima popular provocado, muchos sectores de todos los partidos políticos terminaron “ensobrando” la papeleta por el SI.
4: El Dr. Jorge Batlle promovió activamente el régimen chileno, siendo el único que habló de aumentar la edad jubilatoria, siendo por ambas cosas derrotado dentro de su Partido.
5: Nobleza a obliga a decir que las propuestas que entonces hicieron los Organismos Internacionales eran infinitamente peores. El Banco Mundial proponía lisa y llanamente un modelo absolutamente privado de ahorro individual a la chilena. (Hay quienes sostienen que el Cr. Ariel Davrieux terminó expulsándolos de su despacho). El BID propuso un régimen Mixto con un primer pilar hasta 2000 pesos, y un segundo pilar hasta 4000 pesos: de haberse aprobado, las proyecciones realizadas por el propio BID, indicaban que para el 2030 el aporte obrero debería haber sido ¡el 60% del sueldo del trabajador! (Si: el sesenta).
6: Hasta hoy, el PIT-CNT no ha realizado una autocrítica sobre su despareja actuación durante la recolección de firmas para plebiscitar la ley (y más especialmente su penoso papel durante el periodo febrero 1996–febrero 1997). Esos problemas, aparte de las dubitaciones y divisiones internas en el Frente Amplio explican de manera certera el por qué no fue posible alcanzar las firmas necesarias para plebiscitar una reforma constitucional alternativa. (Me saco el sombrero, como corresponde, por la actitud y compromiso del Dr. Hugo A. de los Campos y de la ONAJPU)
