La Asamblea General del Claustro de la Udelar se pronunció a favor del plebiscito por la seguridad social
Una de las instituciones más importantes del Uruguay, la Universidad de la República entendió necesario abordar, en sus instancias democráticas internas, el análisis de la propuesta de plebiscito para reformar la seguridad social que ATSS impulsa junto al movimiento sindical y organizaciones sociales y políticas.
La Udelar se suma así al innumerable listado de organizaciones de la sociedad civil uruguaya que han valorado de manera muy positiva la necesaria discusión democrática y toma de posición en este tema.
El miércoles 16, la Asamblea General del Claustro universitaria, integrada por delegadas y delegados de todas las facultades y de sus tres órdenes (estudiantes, docentes y egresados) realizó una reunión especial, a la que se invitó a participar y exponer sus argumentos a tres expositores, una que reivindica una postura favorable al plebiscito, una contraria y favorable al sistema previsional vigente y, por último, una postura contraria a la papeleta por el Sí y también al sistema de jubilaciones actual.
Para ello fueron invitados a exponer la compañera Karina Sosa, presidenta de ATSS, la economista María José González, integrante del colectivo de economistas frenteamplistas contrarias a la propuesta plebiscitaria y el presidente del BPS, Alfredo Cabrera. Las dos primeras participaron en forma directa en la sesión de la AGC y Cabrera envió un mensaje grabado.
En su intervención, Karina agradeció al demos universitario por interesarse en el tema y debatirlo, explicitó los fundamentos principales por los cuales impulsamos la reforma y además tuvo palabras para responder a quienes rechazan la iniciativa.
Destacó que la seguridad social es, como también lo son la salud y la educación, derechos humanos fundamentales y, por tanto, cuando se habla de sus requerimientos presupuestales no se debe hablar de déficit sino de inversión y sostuvo que al hablar de incertidumbre es vital tomar en cuenta las necesidades que pasan las y los miles de jubilados y pensionistas que no pueden comer todo el mes con sus ingresos actuales, los que realmente sufren a diario esa y tantas otras incertidumbres.
Invitó a quienes defienden el régimen jubilatorio aprobado en el Parlamento en 2023 a que expliquen las razones que los llevaron a aprobar una ley que consagra inequidades tan importantes, como establecer la obligación a Rentas Generales de transferir 5.000 millones de dólares durante al menos 30 años a las cajas paraestatales que ingresan en el sistema de convergencia pero que a la vez elimina un derecho fundamental como el de la jubilación por edad avanzada, que ahora es incompatible con cualquier otra prestación que pueda recibir el pasivo.
Recordó que de un día para el otro los menores de 50 años se despertaron y tuvieron la noticia de que ahora tendrán que trabajar cinco años más para poder jubilarse y cobrar menos jubilación que antes, que a muchos trabajadores mayores de 50 años se los castigó perdiendo bonificaciones que tenían en el sistema anterior.
Denunció que el 90% de quienes cobran jubilación por AFAPS reciben un promedio de 5000 pesos mensuales, que el BPS es el único organismo a nivel de la seguridad social que está del lado de las personas a lo largo de todo su ciclo vital, que eso lo convierte en un organismo garantista de derechos por excelencia en nuestro país y que, con la nueva ley se provocará que al alargar los años para poder acceder a una jubilación, aproximadamente 150.000 personas tengan que jubilarse por imposibilidad física y a todos ellos, cuando tengan la causal, en lugar de cobrar el 65% del salario jubilatorio recibirán el 45%.
Finalmente, respondió a quienes rechazan la reforma propuesta que el costo de la misma es de 460 millones de dólares anuales y no 1038 millones, como afirman, porque eso es parte de una interpretación deliberadamente falsa del texto de la papeleta.
Luego de las presentaciones, el cuerpo de claustristas, representantes de las facultades y los órdenes protagonizaron un extenso intercambio, al término del cual la delegación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) presentó dos mociones.
La primera, por la cual se propuso textualmente que “la Universidad de la República tome postura sobre el proyecto de reforma constitucional del artículo 67 de la Constitución de la República” fue votada en forma contrapuesta a otra moción, presentada por Nicolás Wschebor, representante del orden docente, que propuso que la Asamblea no tomara postura sobre el tema sino que agradeciera las exposiciones y aportes realizados y exhortara “a la población a informarse en relación a la existencia de dos propuestas de reforma constitucional”, así como también que invitara a mantener el tema en el orden del día de la institución y a promover que “las capacidades técnicas de la Udelar en diversos aspectos de dicha temática puedan ser volcadas a los efectos de diseñar una futura reforma de la seguridad social”.
La primera moción presentada por la delegación estudiantil resultó aprobada por una amplia mayoría. Luego se votó la segunda moción presentada por el mismo colectivo, que propuso que la Udelar resolviera “acompañar el proyecto y emitir una declaración pública al respecto”. Esta moción fue aprobada con 22 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones.
