LO QUE PASA CUANDO SE GENERAN FALSAS EXPECTATIVAS

En las últimas horas, una noticia ha circulado por medios nacionales y locales, generando confusión y, finalmente, frustración entre muchas y muchos ciudadanos. Titulares que anunciaban que el BPS “otorga una prestación de más de $50.000 para quienes no pueden jubilarse” llegaron a hogares con necesidades apremiantes, creando una expectativa desmedida y, en muchos casos, infundada. Como Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), vemos con preocupación cómo estos hechos impactan directamente en una parte de la población y, de manera inmediata, en nuestros compañeros y compañeras que están en la primera línea de atención. De inmediato, ATSS hizo esfuerzos para difundir entre la población la información veraz y en el siguiente texto buscaremos desglosar la realidad de la prestación mencionada, explicar su verdadero alcance, y reflexionar sobre las consecuencias de una reforma que, lejos de ampliar derechos, los restringe y posterga. Lo que sigue es una síntesis de lo expresado por nuestro sindicato a la prensa, en nuestras redes sociales y a través de entrevistas a integrantes del CDN de ATSS.

Las declaraciones de nuestra compañera Nathalie Barbé, vicepresidenta de ATSS a varios medios de comunicación, fueron contundentes: “Esta información generó mucha expectativa en sectores de la población que tienen una alta necesidad”. En las oficinas del BPS se hicieron presentes en forma casi inmediata personas que genuinamente podrían aspirar al beneficio, pero también jubilados que, al enterarse de la cifra de “más de cincuenta mil pesos”, reclamaban con justa indignación por sus magras prestaciones ,comparándolas con esta supuesta nueva prestación.

Este es un escenario que quienes desempeñamos tareas en el BPS vivimos a diario. Así lo expresó Nathalie: “Gente que incluso ya está jubilada se hizo presente para reclamar porque ahora van a pagar 50.000 y yo estoy pasando hambre hace años”. La información imprecisa y con titulares desacertados por parte de algunos medios de comunicación desata angustia y, en un contexto de tensión y necesidad extrema, puede derivar en situaciones de conflicto. “Eso a veces genera reacciones de violencia también de la gente”, señala Barbé, poniendo el foco en la presión insostenible a la que se ven sometidos tanto los usuarios como los funcionarios, quienes deben “dar la cara por la institución para explicar” una negativa que, para el ciudadano, parece arbitraria ante la promesa leída en los medios.

Es imprescindible aclarar, de manera enfática, que esta prestación no es nueva. No se trata de una creación reciente del BPS ni de una ampliación generosa de derechos. Hablamos del “Subsidio Especial de Inactividad Compensada”, establecido por la ley 18.395 del año 2008. Este origen es significativo: fue fruto de un “verdadero Diálogo Social en seguridad social”, un proceso de negociación y construcción colectiva que contrasta diametralmente con la forma en que se implementaron las reformas más recientes. Y que también contrasta con el destino que parece llevar el actual «diálogo» social, en el que según se ha manifestado por diversos portavoces, poca cosa se modificará que realmente genere un sistema más justo.

1. Edad mínima: 58 años.

2. Años de trabajo: 28 años de actividad registrada (con aportes).

3. Situación laboral: Haber estado al menos un año sin trabajo, y esa inactividad debe deberse a causales de baja muy determinadas (como despido, cierre de empresa, etc.).

4. Monto de la prestación: Se calcula como el 40% del promedio de los últimos seis meses trabajados. Este monto está acotado entre un mínimo de 1 Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalente a $6.576, y un máximo de 8 BPC, que actualmente representa $52.608.

Aquí reside la raíz del malentendido. Los titulares se focalizaron en la cifra tope ($52.608), presentándola casi como un estándar, cuando en la práctica, muy pocos beneficiarios alcanzan ese monto máximo. Para recibirlo, se necesitaría haber tenido ingresos altos en los últimos meses de trabajo. La gran mayoría de los potenciales destinatarios recibirán montos sensiblemente inferiores, acercándose más al mínimo que al máximo. Por lo tanto, promocionarlo como “una prestación de más de $50.000” es, como mínimo, engañoso.

Entonces, ¿a qué se refiérela información difundida que “creó” la noticia? No a la creación de un nuevo beneficio, sino a la adecuación de las edades de acceso al subsidio ya existente. Esta adecuación no busca ampliar la cobertura, sino restringirla temporalmente, en línea con el régimen de transición establecido por la ley 20.130, la última ley que reformó regresivamente hace más de dos años el sistema jubilatorio uruguayo.

En esencia, lo que hace la reforma es postergar progresivamente la edad de acceso a este subsidio, tal como lo hace con la edad jubilatoria ordinaria. Este es un detalle crucial que fue omitido u opacado. No es que ahora más personas puedan acceder a jubilaciones de 50.000 pesos, es que quienes cumplían los requisitos (incluyendo los 58 años) en un momento determinado, ahora pueden ver retrasado su derecho a percibir este apoyo económico hasta una edad más avanzada. Es una verdadera pérdida de derecho en el tiempo, un recorte que impacta directamente en quienes se encuentran en la fase final de su vida laboral y en situación de desempleo.

Este caso es un síntoma perfecto de los problemas de fondo que hemos denunciado y seguiremos denunciando desde ATSS. La postergación en el subsidio es otro de los efectos que de forma visible y pronto en el tiempo continúan perjudicando a la población, como señala nuestro comunicado. La reforma de la seguridad social no se limita a números fríos en un papel; tiene rostro humano: es la persona de 58 años que, tras 28 años de trabajo, queda desempleada y descubre que el subsidio que esperaba recibir ahora deberá esperar uno, dos o más años.

La ATSS considera que este y otros efectos negativos son consecuencia directa de la ausencia de un “diálogo social verdadero”. La ley que creó este subsidio en 2008 nació de la negociación entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores. En cambio, la reforma aprobada en 2023 que lo recorta fue impuesta sin ese consenso, ignorando las reivindicaciones históricas de la clase trabajadora, entre las que destaca, de manera primordial, el regreso a la edad jubilatoria de 60 años.

Sin un diálogo social auténtico que rectifique este rumbo, el sistema seguirá su tendencia a recortar derechos a toda la ciudadanía. Cada ajuste, cada postergación, cada requisito que se endurece, aleja a la seguridad social de su principio fundacional: ser un pilar de protección y dignidad para todas las personas a lo largo de su ciclo vital.

El episodio que motivó esta primera comunicación en nuestros medios digitales (Boletín y Resumiendo) subraya una responsabilidad ética ineludible: la de comunicar con claridad, precisión y responsabilidad sobre los derechos sociales y en particular, la responsabilidad de los medios en la difusión de comunicaciones de este tipo. La información imprecisa no es inocua. Como muy bien expresó nuestra compañera Nathalie Barbé, “genera una expectativa en las personas de algo que no es nuevo y eso es también lo que más nos duele”. El daño es doble: para el ciudadano, cuya expectativa se convierte en decepción y hasta en enojo, y para las y los trabajadores, que debemos gestionar esa frustración con recursos humanos limitados. Nathalie también lo recordó: “tenemos el mínimo de funcionarios históricos”, soportando presiones y, en ocasiones, agresiones verbales y hasta físicas, que afortunadamente no ocurrieron esta vez, pero sí en el pasado reciente. En ese sentido, recordó que “ATSS ha reclamado insistentemente la adopción de medidas que garanticen la seguridad de nuestras y nuestros compañeros, tanto en Montevideo como muy especialmente, en el interior del país”.

Los trabajadores y trabajadoras del BPS no somos meros ejecutores de normativas. Somos, en la práctica, el rostro humano de una parte muy importante de las prestaciones y políticas sociales en el Uruguay. Somos quienes explicamos, guiamos, contenemos y, a menudo, debemos dar noticias dolorosas. Hacemos este trabajo con compromiso, pero necesitamos que las políticas sean claras, justas y que se comuniquen de manera transparente. No podemos ser el parche de una comunicación deficiente o de una reforma que erosiona derechos.

El Subsidio Especial de Inactividad Compensada es, en sí mismo, un instrumento necesario dentro de la red de protección social, pero su alcance real debe ser entendido con precisión para no generar falsas ilusiones. Más allá de aclarar este punto específico, este incidente nos obliga a reflexionar sobre el modelo de seguridad social que estamos construyendo.

Un modelo donde la información se manipula para crear ilusiones engañosas, como se ha hecho desde 1996 con las AFAPS, las supuestas jubilaciones suculentas y los viajes al Paraíso. En la realidad, los derechos se postergan en lugar de garantizarse, y el diálogo con los trabajadores y sus organizaciones es reemplazado por la imposición, o sea, un modelo que fracasa en su esencia. La ATSS reafirma su compromiso de luchar, desde nuestro lugar como trabajadores del sector, por un sistema de seguridad social “universal, solidario, suficiente, sin lucro ni AFAPS. Un sistema donde la noticia no sea un subsidio mal explicado, sino la recuperación de la jubilación a los 60 años, la mejora sustancial de las jubilaciones y pensiones mínimas y el restablecimiento de un Diálogo Social que ponga a las personas en el centro de las políticas. Solo así evitaremos que las colas frente a nuestras oficinas estén llenas de falsas esperanzas y podamos, en cambio, construir certezas.