¿Quién se queda con el sobre de la jubilación?

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En 1989 nuestros compatriotas jubilados y pensionistas llevaron a consulta popular mediante el procedimiento de plebiscito una iniciativa popular para incorporar en nuestra constitución de la República una reforma que fijará el aumento de dichas prestaciones por el Índice Medio de Salario.

Entre los promotores de la reforma cabe destacar a Luis Colotuzzo (PN), Mario Cantón (PC) y Ernesto Murro (FA).  La misma contó con el apoyo de varios partidos y sectores políticos, entre los que se encontraba el Partido Nacional, el Pachequismo, los legisladores colorados Manuel Flores Silva y Víctor Vaillant, el Frente Amplio en su casi totalidad y el Nuevo Espacio. Notorios opositores fueron el presidenciable Jorge Batlle, los demás sectores alineados con la Lista 15, Libertad y Cambio, y el MPP (este sector motivó su oposición en el hecho de que las jubilaciones de privilegio no iban a ser topeadas con esta reforma).

La campaña estuvo signada por no pocas señales de alertas y advertencias por sus detractores por considerarlo una amenaza a las finanzas públicas, al equilibrio financiero y al incremento del déficit fiscal entre otras. Corrieron chorros de tinta roja en periódicos y vociferaban en radios y TV alertando a la población sobre los peligros y la irresponsabilidad civil y con la patria si dicho plebiscito era aprobado.  Finalmente, esa papeleta obtuvo una contundente aprobación del 72,5% del electorado, un cálido domingo, marcado en el almanaque como 26 de noviembre de 1989.

Todas las alertas, las 7 plagas de Egipto y los malos presagios fueron abatidos por la conciencia cívica que entendió que era de total justeza que las jubilaciones, que se usaban como moneda de cambio de los ajustes económicos de los gobiernos, comenzaran a acompasar la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad. Se concretaba así una vieja aspiración del movimiento sindical que en su Encuentro Nacional de Seguridad Social realizado el 26 y 27 de octubre de 1985 y ratificado en su III Congreso del 27 al 30 de noviembre de 1985 expresaban “El monto de las pasividades será ajustado cada vez que se produzca variación en las remuneraciones salariales de los trabajadores en actividad. El índice de ajuste no podrá en ningún caso ser inferior al promedio de aumento que se establezca para el conjunto de los trabajadores en actividad en las diferentes ramas”.

De la misma forma en ese entonces ya se planteaba “Que las asignaciones mensuales, jubilatorias y pensionarias, no podrán ser inferiores al monto del salario mínimo nacional”.

De los informes sucesivos dan cuenta que, al menos hasta el año 2002, esta aspiración concretada en la Constitución de la República a partir del 1989 fue respetada, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo ya que la inflación (IPC) superó ampliamente al promedio de aumento salarial del conjunto de los trabajadores en actividad (IMS).

En comparación 2001 a 2002 el incremento de las jubilaciones estuvo por encima del IMS en 2,32% al mismo tiempo que perdía poder adquisitivo en 9,31%.

Ya para el año 2003 el gobierno de Jorge Batlle cambia las reglas de juego y comienza a producirse una pérdida en términos del IMS del 1,74% al mismo tiempo que perdía poder adquisitivo del 13,34%. En términos del IMS se les expropiaron a todos los pasivos del Uruguay un monto de U$S 16.491.755 al mismo tiempo que su poder adquisitivo caía en U$S 126.436.788, el equivalente a 55 días, casi 2 meses de jubilación promedio.

El 2004 sería un buen año iniciándose un proceso de recuperación real de las pasividades, pero se acentúa el proceso iniciado en el año 2003 de pérdida por el IMS, potenciado por el cambio de parámetro con la creación de la BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) por el cual a partir de ese año se ajustarían todas las prestaciones del BPS (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, subsidios, etc.) que anteriormente se ajustaban por el Salario Mínimo Nacional (SMN).

Con 479.981 jubilaciones equivalentes (una forma de expresar la cantidad de jubilaciones y pensiones en proporción a la jubilación promedio) hasta alcanzar las 607.386 jubilaciones equivalentes en el 2023, la evolución en cantidad fue en detrimento de la evolución en calidad, pasando de un valor promedio mensual de $U 34.500 (a valores del 2023) en el 2004 a $U 32.312 en el 2023; eso a pesar de una política diferencial en materia de jubilaciones mínimas pasando de 1 BPC en el 2008 a 3,05 BPS a partir de 2019, que solo significó una leve mejora respecto al IMS en los años 2008 a 2010, 2013, 2015, 2017 a 2018 y 2020 a 2021. En el resto de los años la jubilación promedio no acompañó la evolución del IMS, lo cual significa que algunas pasividades no se ajustaron según lo establece el Artículo 67 de la Constitución de la República.

Por otro lado, y a pesar de ello, significó una recuperación real del 53,8 % en el período 2004 a 2019 en términos de IPC, con una leve pérdida en los años 2020 (-0,84%) y 2022 (-1,45%), y una leve recuperación en los años 2021 (0,048%) y 2023 (2,17%).

En el período correspondiente al gobierno anterior habiendo iniciado un mal año 2019, desde el 2020 a 2021 se inició con una política de recuperación por el IMS, que fue descontinuada, cerrando al 2023 con una pérdida de U$S 15.749.017 por el IMS, compensado con creces por una recuperación real de unos U$S 39.279.183.

En términos generales la pérdida, para toda la masa de jubilados y pensionistas, por IMS desde el 2003 al 2023 es de aproximadamente U$S 81.360.750 al mismo tiempo que su recuperación real fue de U$S 1.161.121.416.

El IMS por el que se ajustaron las jubilaciones en el 2024 fue de 9,32% y en el 2025 fue de 6,13%. Actualizando el valor promedio de la jubilación del 2023 nos da que la jubilación promedio de este año debería ser de $U 37.489, sin embargo, la jubilación promedio de la página “BPS en cifras” a mayo del 2025 la sitúa en $U 36.840. Haciendo la operación inversa nos da que equivale a $U 31.753 del 2023, o sea que volvieron a perder los jubilados por el IMS en el 2024 y se encaminan a volver a perder en el 2025 de no cambiar el rumbo.

Claramente al jubilado de a pie le preocupa llegar a fin de mes y para él lo más importante es la evolución con respecto al IPC y no con respecto al IMS, pero eso no quita que se le faltó al Artículo 67 de la Constitución de la República, que vale lo mismo decir que se le faltó al pueblo oriental que en 1989 definió en las urnas que todas las pasividades se ajustarán por IMS sin importar el IPC.

De mantenerse estos parámetros en lo que queda del año, y de no mediar alguna medida por parte del gobierno, se le va a apropiar a los 501.789 jubilados y 319.854 pensionistas la friolera de $U 4.906.440.000 aproximadamente, unos U$S 121.532.519 por el IMS a valores del corriente mes y unos U$S 263.659.528 del 2003 a la fecha.

Una medida a adoptar para compensar a los jubilados la pérdida por IMS que van a tener este año es la de un aumento diferencial en julio de aproximadamente $U 3.006 a las jubilaciones más bajas (muy cercano a la propuesta de ajustar la jubilación mínima al SMN que se llevó a plebiscito en las elecciones nacionales pasadas y bastante más que los $U 600 que reclama la ONAJPU).  Eso, más una partida única promedio de $U 16.895 a todos los jubilados y pensionistas por lo que los diferentes gobiernos le han ido esquilmando desde el año 2003.

La reforma impulsada por el gobierno anterior en la Ley 20.130 abre más esa brecha y la deuda de nuestra sociedad con quienes dedicaron su vida a sostenerla, pues crea el Suplemento Solidario separando su ajuste anual del ajuste de la Jubilación, por lo que además de esas medidas correctivas se deberán tomar otras para dar cumplimiento a las aspiraciones de nuestros jubilados y pensionistas y comenzar a corregir este despojo que se viene dando desde el año 2003 por lo menos y devolverle al pueblo lo que es del pueblo, a los pasivos lo que es de los pasivos.

Por delante tenemos el Diálogo Social, que abre nuevas oportunidades para discutir este y otros temas vinculados a la Seguridad Social, de lograr que la gente se apropie de esta lucha que es, no solo de los jubilados y pensionistas, sino de toda la población y en particular de la clase trabajadora que ve como año a año los grandes capitales financieros se apropian del fruto de su trabajo y se enriquecen a costilla del hambre de nuestro pueblo, en particular de nuestros abuelos, niños y mujeres.

La lucha por una Seguridad Social universal, solidaria y sin lucro no viene de ahora, se remonta a antes de la dictadura fascista cívico militar, donde la reforma del 89 es apenas un mojón, piedra angular que debemos defender en forma irrestricta, diariamente en este camino de construir una Seguridad Social más justa y solidaria. Un mojón que nos interpela y nos impulsa a afrontar nuevos desafíos, a fortalecer los instrumentos que nos hemos dado para desarrollar tales políticas como la Comisión de Seguridad Social de la ATSS y del PIT CNT, los Congresos, el Parlamento, etc. y que como Trabajadores de la Seguridad Social no podemos, no debemos fallar.

La clase trabajadora, los trabajadores de la seguridad social, no fallará.

 

Fedor Mateos, integrante de la Comisión de Seguridad Social de ATSS

Bibliografía

https://www.bps.gub.uy/bps/file/11694/2/la-ecuacion-de-equilibrio-financierso.-resultados-para-el-periodo-2001-y-2002.pdf

https://www.bps.gub.uy/bps/file/1847/1/la-ecuacion-de-equilibrio-financiero.-resultados-para-el-periodo-2002—2003.pdf

https://www.bps.gub.uy/bps/file/22063/1/la-ecuacion-de-equilibrio-financiero.-resultados-para-el-periodo-2004-a-2023.-actualizacion.pdf

https://www.bps.gub.uy/bps/file/20840/2/boletin–estadistico-2023.pdf