Trabajadoras y trabajadores de entes y empresas del Estado marchamos hacia el Ministerio de Economía y Finanzas
En la mañana del miércoles 8 de julio, una movilización convocada por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes se llevó adelante. El acto comenzó con una concentración en la Plaza Independencia y continuó con una marcha por la avenida 18 de Julio hasta la esquina de Colonia y Paraguay, frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Bajo la consigna del rechazo a «más de diez años de recortes» en las empresas públicas, tomaron la palabra los compañeros Álvaro Rodríguez, en representación de AUTE, Tamara García, por los trabajadores tercerizados y precarizados del Estado y Salvador Sprovieri, de la Federación Ancap.
EN DEFENSA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
El primero en hacer uso de la palabra fue el compañero Álvaro Rodríguez, quien abrió su intervención con un saludo solidario a los pueblos de Venezuela y Cuba. Ya en el eje central de su discurso, sostuvo que las empresas públicas «no son un gasto, son una inversión» y advirtió que los sucesivos gobiernos han utilizado los recortes presupuestales para exigirles mayores aportes a rentas generales, en desmedro de la inversión y el ingreso de personal. Citó ejemplos concretos: la obra conjunta de UTE y OSE en el barrio Nuevo Comienzo, “que llevó agua potable y energía eléctrica regularizada a unas 400 familias”; la carpa instalada por el sindicato de OSE (FFOSE) frente a las oficinas centrales para denunciar la falta de inversión en la red sanitaria; y “el estado de la flota de dragado y remolque del puerto de Montevideo”, que según el dirigente lleva más de una década sin renovarse pese a que la concesión otorgada a la empresa privada por 80 años contempla un dragado valuado en 120 millones de dólares, de los cuales 50 millones quedarían en manos de la firma extranjera.
Rodríguez también repasó la situación de AFE, a la que describió sostenida «a puro empuje de los trabajadores» pese al abandono de sucesivos gobiernos, y mencionó localidades del interior en las que el tren sigue siendo el único vínculo con los servicios básicos. Cuestionó además el decreto que habilita a grandes consumidores a comprar energía directamente a privados, salteando a UTE, y señaló una contradicción: la actual ministra de Industria, Fernanda Cardona, había impugnado esa norma cuando integraba el directorio del ente en la oposición, pero hoy la mantiene vigente.
Cerró su discurso reivindicando el plebiscito de 1992 en defensa de las empresas públicas y llamando a «blindarlas» frente a intentos de privatización parcial o de venta de acciones.
LA VOZ FIRME Y CLARA DE LAS Y LOS TRABAJADORES TERCERIZADOS
La intervención de la compañera Tamara García, quien habló en nombre de las y los trabajadores y trabajadoras tercerizados y precarizados del Estado fue muy clara, firme y contundente. Describió con crudeza las condiciones de este colectivo: inestabilidad laboral, contratos que se renuevan cada seis meses o cada año, salarios insuficientes, que incluyen muchas veces atrasos en las fechas de pago, ausencia de licencias y descansos, y un cuadro que asoció directamente con “angustia, ansiedad y agotamiento”.
Tamara recordó que el Estado uruguayo lleva «más de 30 años» sosteniendo el funcionamiento de las empresas públicas sobre la precariedad de estos trabajadores, a los que definió como «funcionarias y funcionarios con contratos irregulares», pese a cumplir tareas permanentes y genuinas. Mencionó específicamente a las y los compañeros tercerizados del MIDES que no perciben sus haberes, y a trabajadores del interior que en algunos casos desconocen cuándo retomarán su actividad laboral.
Fue especialmente enfática al remarcar que esta situación no depende del color político de los sucesivos gobiernos, y reclamó “igual remuneración y condiciones para igual tarea”. Reivindicó la lucha conjunta con los sindicatos de funcionarios públicos en defensa de las empresas estatales, los recursos naturales y el patrimonio nacional, y afirmó que «trabajos y vidas dignas para todos y todas» constituye el mínimo exigible.
Cerró su discurso de manera muy ejemplarizante: “Señor presidente, señores gobernantes, señor ministro de Economía y Finanzas, no solo deben y pueden rendir más, sepan cumplir”, exigió, ante un aplauso muy extendido de todas y todos los concurrentes al acto.
NECESIDADES DE PERSONAL, SEGURIDAD LABORAL Y TERCERIZACIONES
Culminó la oratoria del acto el compañero Salvador Sprovieri, dirigente de la Federación Ancap, quien comenzó saludando explícitamente el discurso de Tamara y remarcando que los trabajadores tercerizados «son tan funcionarios como los demás». También expresó solidaridad con el pueblo palestino y reclamó al Poder Ejecutivo que condene el genocidio en Gaza.
Salvador centró buena parte de su exposición en la falta de ingreso de personal como problema transversal a los distintos entes: mencionó que OSE acordó el año pasado 300 ingresos de los que solo se concretó una fracción, y que UTE mantiene alrededor de 170 ingresos atrasados.
Denunció condiciones de seguridad deficientes en Ancap, con carencia de inspectores y de personal en áreas de exposición a gases tóxicos en la refinería, al tiempo que cuestionó la incorporación de cargos gerenciales jerárquicos con salarios muy elevados.
Reivindicó “la producción de cemento pórtland como industria estratégica” y rechazó versiones sobre el cierre de plantas. En el tramo final, coincidió nuevamente con Tamara al calificar la tercerización como una forma de precarización laboral y «estafa» tanto a los trabajadores como al propio Estado, y lamentó que el gobierno haya rechazado la creación de un ámbito de negociación específico para revisar las tercerizaciones en el convenio colectivo vigente hasta mediados del año próximo.
Cerró su intervención afirmando que «defender las empresas públicas es defender la soberanía nacional».
SOBRE EL SANATORIO CANZANI Y LOS SERVICIOS DE SALUD DEL BPS
Tanto Salvador Sprovieri como Álvaro Rodríguez, en sus oratorias, reivindicaron el rol social de los servicios de salud del BPS. Salvador alertó sobre versiones que involucran al Sanatorio Canzani, al que calificó como «un hospital del pueblo» que debe ser defendido como centro de referencia para toda la población, advirtiendo sobre intenciones del directorio que podrían afectar su funcionamiento.
En la misma línea, Álvaro, por su parte, había reclamado “el cumplimiento de un acuerdo firmado en 2016”, aún pendiente, “para fortalecer el centro como referencia nacional en defectos congénitos y enfermedades raras”, resaltando su rol clave en la atención de la población más vulnerable.
Fue un tramo importante de ambas oratorias. Álvaro Rodríguez enfatizó en el hecho de que “los trabajadores del BPS reclaman un acuerdo firmado en el 2016 para el fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras” al tiempo que reivindicó el valor social de lo que llamó, cálidamente, “el viejo hospital Canzani”.
Sostuvo con asombro que “es un compromiso aún pendiente que resulta fundamental para consolidarlo como un verdadero centro nacional de referencia especializado en defectos congénitos de enfermedades raras”. Afirmó que “su potenciamiento permitirá a la población más vulnerable que requiera procesos de rehabilitación y atención especializada, que cuente, efectivamente, con un servicio de excelencia, accesible, con los recursos humanos y materiales necesarios», finalizó.
Por su parte, Salvador Sprovieri informó que «hace poco nos enteramos y también queremos rechazar algunos planes o intenciones del directorio del BPS. El Canzani es un hospital del pueblo y tiene que ser defendido como un hospital del pueblo, como un centro de referencia para el conjunto de la población que no tiene para acceder, y aquí, nuevamente, lo público tiene que estar priorizado.»
A MODO DE CIERRE
El acto, que fue ampliamente cubierto por medios de comunicación y contó con una delegación importante de compañeras y compañeros de ATSS dejó claro el reclamo de la MSCE de mayor inversión para garantizar el acceso de la población a bienes y servicios públicos de calidad, el llenado de vacantes imprescindibles para tales objetivos, el fin de las tercerizaciones y ámbitos reales de negociación colectiva, para empezar a superar realmente lo que hemos dado en llamar “una década de recortes sostenidos sobre las empresas del Estado”.
