Dos delegaciones, integradas por representantes de ATSS se hicieron presentes en sendas comisiones parlamentarias.
El viernes 31 de octubre, Karina Sosa, presidenta, Daniel Villar, secretario general del Interior y Alejandro Pérez, secretario general de Montevideo, fueron recibidos por la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, donde expusieron tres situaciones que afectan la propia operativa del BPS y que detallamos a continuación.
La Ley 20.130 (reforma jubilatoria de 2023) obliga al BPS a implementar un nuevo sistema informático para gestionar los aportes al sistema mixto, con un costo estimado de más de U$S 10 millones para 2025 y 2026. Karina argumentó que este es un costo que «no lo debe asumir el Banco de Previsión Social como propio», sino que debe ser cubierto por Rentas Generales, ya que se trata de una obligación legal que beneficia a todas las cajas, estatales y paraestatales. «No tenemos por qué desde el BPS hacer el trabajo de forma gratuita con los pocos funcionarios que tenemos y además resignar dentro del presupuesto U$S 10:000.000», afirmó.
El segundo punto fue la crítica situación de recursos humanos, la falta de personal para cumplir con las tareas y objetivos del organismo. En este sentido, nuestra delegación denunció la existencia de «casi setenta pases en comisión», mediante los cuales otros organismos se llevan a «los que tienen más capacidad, más conocimiento; a los que son mejores en el área». A esto se suma una plantilla ya de por sí mermada: de 173 vacantes existentes al inicio del gobierno, solo se repusieron 100, eliminándose 73 puestos. «Esta es una clara forma de recortar personal en uno de los organismos de mayor importancia para este país».
Continuó Karina afirmando: “Creo que es de público conocimiento el gran atraso que tienen las jubilaciones y pensiones, las medidas que tomó el nuevo gobierno para poder agilizar los trámites y que en el interior somos cada vez menos funcionarios. En una plantilla de unos 3000 funcionarios, menos de 800 son del interior. El resto están todos en Montevideo y hacen cada uno una tarea. En el interior, en una oficina alejada de las capitales departamentales, hay uno, dos o tres funcionarios para todas las tareas del BPS”.
Recordó que ATSS ha denunciado sistemáticamente estas situaciones. “Esta es una cuestión que se agravó muchísimo en el período anterior de gobierno, porque la dinámica del directorio anterior era gobernar con directrices que no eran claras. Un día la norma decía algo y se mandaba el decreto reglamentario, y en dos horas había que aplicarlo, sin ninguna capacitación previa. Se cometieron muchos errores en jubilaciones, pensiones y demás, que vamos a tener que afrontar los funcionarios en este momento. Y también enfrentamos situaciones de violencia continuamente por esos errores de gestión que hoy dan cuenta de lo que está pasando”.
Luego, Daniel aportó un dato alarmante sobre la realidad que se vive en el interior del país. «Se han ido 800 funcionarios y hay 511 que hoy tienen causal jubilatoria. Esto quiere decir que si esos funcionarios se van, provocarían un verdadero caos en la atención del Banco de Previsión Social».
Comparó situaciones que no se pueden sostener. “Actualmente el BPS, que tiene una jurisdicción nacional, cuenta con menos personal que algunas de las intendencias del interior, que tienen una jerarquía y una jurisdicción departamental. Tenemos 90 oficinas. En el interior del país hay poblaciones que tienen entre 60.000 y 90.000 habitantes, sobre todo en las capitales departamentales. Tenemos falta de personal, y los sistemas implementados, según los cuales se retira la mitad del personal de atención al público hacia una atención interna, hace que algunos compañeras y compañeros a veces no puedan pedir días de licencia porque recargarían más a los compañeros que quedan”.
“Esa es la situación que estamos enfrentando, y no solamente redunda en la calidad laboral del funcionario, sino en la calidad del servicio, en lo que nosotros brindamos hacia afuera. Hemos enfrentado situaciones de violencia porque las personas ven muy demorados sus trámites y ejercen reclamos frente al funcionario que ven en ese momento”, sentenció
Finalmente, cuestionaron la «precarización» que se produce mediante llamados externos. Nuestra delegación ejemplificó con una licitación por servicios informáticos de 18.000 horas, con un costo de 1,5 millones de dólares. La «paradoja» reside en que «tres funcionarios –jóvenes, con capacidad– renuncian al BPS y se abren una unipersonal, porque son contratados por la empresa que ganó la licitación». El resultado, calculó, es que el BPS termina pagando 14.000 dólares por cada unidad de trabajo, de la cual el técnico original solo recibe 2.000 dólares. «Las licitaciones son una forma de precarización laboral –lo hemos dicho, lo decimos y lo diremos–», sentenció Karina, subrayando la fuga de «capital técnico» que esto representa.
CRENADECER
Días después, el 5 de noviembre, la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes recibió a integrantes del Crenadecer junto a una delegación designada por el Consejo Directivo Nacional de ATSS, quienes hicieron una puesta a punto de lo que es un verdadero cuadro de abandono progresivo, promesas incumplidas y una gestión que, aseguran, pone en riesgo tanto a los usuarios como a los trabajadores y contrasta las palabras con la realidad.
Comenzaron describiendo al Crenadecer como un centro que asiste a personas con «enfermedades raras, crónicas y múltiples discapacidades, muchas de ellas en situación de dependencia severa». Sin embargo, subrayó que esta población, la más vulnerable, se atiende en medio de «serias dificultades estructurales y organizativas: escasez de personal, alta rotación, carencias de gestión en recursos humanos, infraestructura adecuada, falta de insumos en tiempo y forma, y una ausencia de reglamentación específica».
Repasaron lo que es una historia de esfuerzos frustrados. Relataron cómo en 2013 se logró presentar un proyecto para incorporar el Crenadecer al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), del cual había quedado fuera originalmente. Este esfuerzo culminó en 2014 con la Ordenanza 280 del Ministerio de Salud Pública, que estableció los objetivos del centro: mejorar la calidad de vida de los pacientes, disminuir la mortalidad infantil, fortalecer la pesquisa neonatal y contribuir a la capacitación de recursos humanos.
«Toda esta evolución fue solo en papeles porque, en la realidad, nos hemos ido deteriorando», afirmaron. Explicaron que el Crenadecer fue un “Centro que tenía muchas capacidades… pero si desde 2013 a la fecha no se ha incorporado gente, si no se han sumado nuevos médicos… en realidad, es todo papeles; el Centro de Referencia son papeles». Denunciaron que si bien hay diálogo con las autoridades del BPS, en este tema no se obtienen respuestas concretas.
Alertaron sobre la inminente jubilación de la doctora a cargo de la Unidad de Medicina Embriofetal y Perinatal (Umefepe), sin que exista un reemplazo a la vista, lo que dejaría en la intemperie a mujeres embarazadas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, que dependen de esta unidad para el diagnóstico prenatal de malformaciones. También se refirieron a la burocracia que paraliza la atención: «Hoy por hoy, una ecografía tarda seis meses, porque se está tomando como cualquier compra pública la compra de una ecografía. Es imposible manejar esos tiempos en la salud», informaron.
Entregaron a la comisión informes técnicos que respaldan la viabilidad del centro y mencionaron un acuerdo firmado en 2022 con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Buenos Aires, cuyo estudio concluyó que el Crenadecer sí puede ser un centro de referencia, haciendo solo «observaciones acerca de que había que mejorar las instalaciones, potenciar la parte de recursos humanos, considerando que había jubilaciones próximas». «Estamos en condiciones de ser potenciados, de ser un centro de referencia nacional, y eso no se está cumpliendo», finalizaron.
RESPUESTAS DESDE EL PARLAMENTO
Frente a ambos cuadros, los diputados presentes mostraron preocupación y se comprometieron a actuar. El diputado José Luis Satdjian, quien conocía el dossier del Crenadecer luego de su paso por el Ministerio de Salud Pública, reconoció las dificultades históricas y el «pecado original» de dejar al BPS fuera del SNIS. Coincidió en la necesidad de «pensar entre todos cómo hacemos para armonizar al Crenadecer» dentro del sistema.
La presidenta de la Comisión, la diputada Nibia Reisch, se mostró particularmente interesada por la situación del centro de enfermedades raras y propuso, de forma concreta, organizar una visita de todos los legisladores al Crenadecer para ver in situ las condiciones. «Creo que el espíritu de todos es poder ir», afirmó, extendiendo la idea de convertir estas visitas a territorios clave en una práctica habitual de la comisión.
EN SUMA
Las exposiciones realizadas por nuestras compañeras y compañeros dejaron en claro que las crisis en el Crenadecer y en el BPS no son islas separadas, sino síntomas de problemas estructurales más profundos que requieren, según lo expresado por los propios actores, de una «clara revisión por parte de las autoridades» para dar soluciones concretas, tanto a las y los trabajadores como a las y los uruguayos que tienen derechos y los requieren en los tiempos y las formas adecuadas.