Crónica de la solidaridad uruguaya contra el lucro con la vejez
Hay edificios que son de piedra y hay edificios que son de promesas. El Banco de Previsión Social es de las dos cosas. Cuando en 1896 se fundó la Caja Escolar, cuando en 1904 nació la Caja Civil, cuando el 11 de febrero de 1919 el Parlamento promulgó la Ley de Pensiones a la Vejez —una de las primeras de América Latina—, nadie hablaba de rentabilidad ni de cuotas ni de mercados. Se hablaba de otra cosa: de que el obrero que envejecía no debía morir de hambre, de que la invalidez no era una sentencia, de que la viuda y el huérfano no eran sobras del destino sino deudas de la patria.
Uruguay fue de los primeros países del continente en entenderlo. Y en 1967, con la Constitución que lo institucionalizó, todas esas cajas —la del maestro, la del obrero de la fábrica, la del peón rural— se unieron en un solo brazo del Estado: el BPS. No un banco en el sentido de la Bolsa. Un banco en el sentido antiguo de la palabra: el lugar donde se guarda algo que pertenece a todos.
Pregúntele a cualquier jubilado qué es el BPS y no le hablará de tasas de reemplazo. Le hablará del número que le llega cada fin de mes, sin que nadie le rinda cuentas de mercado, sin que nadie le diga «este año le fue mal a su fondo».
El BPS calcula la jubilación sobre los últimos diez años de aportes o sobre los veinte mejores, y le da siempre el que más le conviene. Garantiza un mínimo por ley —en 2025, de $ 20.063— cuando la historia laboral fue débil, interrumpida, rural, doméstica. El promedio general de las jubilaciones ronda los 32.640 mensuales. Paga la pensión por sobrevivencia a quien perdió al sostén de la familia. Paga la incapacidad al trabajador que el destino o el accidente sacó del taller. Y lo hace aunque la persona haya aportado poco, aunque haya trabajado informal, aunque la vida no le haya dado una carrera perfecta de treinta años en blanco.
Esa es la magia del reparto: los que trabajan hoy sostienen a los que trabajaron ayer, y mañana serán sus hijos quienes los sostengan. No es caridad. Es una cadena de solidaridad que se remonta a 1896 y que ninguna crisis financiera del mundo puede quebrar, porque no depende de la bolsa de nadie: depende del trabajo de todos.
Y aquí está un detalle que casi nadie conoce y que dice todo: el BPS recauda los aportes y se los transfiere a las AFAP gratis. En 2024 le giró a las administradoras unos US1.567 millones, según el propio análisis comparativo de egresos que el Banco publicó en 2025. El Estado del pueblo cobra la plata del pueblo y se la entrega, de balde, a las empresas.
En 1996 se abrió una segunda puerta. Se prometió que las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional serían el camino hacia jubilaciones doradas: tu plata, tu cuenta, tu rentabilidad. Treinta años después, los números oficiales permiten juzgar la promesa.
Miren el monstruo que se construyó: los fondos de los afiliados superan el 1 billón, alrededor del 30% del Producto Interno Bruto del país. Una montaña de dinero de los trabajadores. ¿Y qué rentabilidad le trajo esa montaña en los últimos cinco años? Según el Banco Central, un 0,96% real anual bruto —0,71% neto—. Menos del uno por ciento por encima de la inflación, incluso antes de descontar comisiones. Mientras tanto, las administradoras cobran una comisión de cada aporte —alrededor del 6% en las privadas y del 4,10% en República AFAP—, y con esas comisiones obtuvieron en 2025 utilidades netas por US30,5 millones: doce millones y medio para la estatal República, siete y medio para Itaú, cinco millones para Sura y cinco millones para Integración.
Que se entienda bien el mecanismo: gane o pierda el fondo, la comisión se cobra igual. El riesgo es del trabajador; la ganancia, de la casa. En los años noventa las comisiones llegaron a comerse entre el 12 y el 15% de cada aporte, y en 2018 un estudio de economistas uruguayos calculó que las administradoras privadas ganaban sobre su patrimonio un 70% anual, cuando sus pares de la región ganaban entre 16 y 19. Setenta por ciento. No es un negocio: es una mina. Por eso el semanario Brecha lo tituló sin exagerar alguna: la casa siempre gana.
¿Y el resultado para el jubilado? La abrumadora mayoría de los aportantes a las AFAP —casi tres de cada cuatro, según el centro Ceres— no supera el primer tramo de ingresos; su ahorro individual es modesto, y la renta vitalicia que obtiene al retirarse es, en la mayoría de los casos, un complemento pequeño al lado de la jubilación del BPS. O sea: el jubilado del sistema mixto vive, en lo sustancial, de la jubilación del reparto. La AFAP administra el dinero; el BPS paga la vejez.
El 27 de octubre de 2024, al mismo tiempo que elegía presidente, Uruguay votó un plebiscito que proponía eliminar las AFAP, volver a jubilarse a los 60 años y fijar que ninguna jubilación fuera menor que un salario mínimo. No salió: la propuesta obtuvo 947.381 votos, cerca del 39% de los votos emitidos, y necesitaba mayoría absoluta. El sistema mixto quedó en pie.
Pero hay una verdad que ese resultado no borra: casi un millón de uruguayos, cuatro de cada diez votantes, miró las cuentas y dijo «basta». No eran fantasmas del pasado; eran trabajadores que hicieron la cuenta de su vida. La democracia resolvió mantener el sistema para no romper de golpe la cadena, como es prudente en los pueblos. Pero la pregunta sigue abierta, porque la matemática no vota: se cumple.
Esto nunca fue, en el fondo, un debate técnico. Es un debate sobre qué clase de país somos.
¿Somos un país donde la vejez es un derecho o un producto financiero? ¿Un país donde el trabajador es un ciudadano protegido o una cuenta corriente con comisión? El BPS no le promete a nadie hacerse rico: le promete algo más difícil y más noble —que no caerá. No tiene accionistas que repartirse dividendos; tiene beneficiarios que reparten dignidad. Su balance no se mide en retorno sobre patrimonio sino en abuelos que comen, en viudas que no piden limosna, en inválidos que no dependen de la caridad.
Las AFAP, en cambio, nacieron de una idea importada: que el mercado administraba mejor que el pueblo su propio futuro. Treinta años de datos oficiales después, la montaña de dinero es gigantesca, la rentabilidad reciente es ínfima, las comisiones se cobran siempre y las utilidades van a manos privadas —incluso a bolsillos extranjeros, como los del grupo venezolano Bandes, principal accionista de Integración AFAP.
Uruguay ya resolvió este dilema una vez, con el batllismo, cuando eligió ser Estado de bienestar en un continente de feudos. La ley de 1919 no preguntaba si el viejo había sido rentable. Le daba su pensión porque era uruguayo, y porque la dignidad de los últimos años no se negocia en la bolsa de valores.
El BPS es la casa que nos heredaron: los maestros de 1896, los obreros de 1919, los constituyentes de 1967. No es perfecta —ninguna institución humana lo es—, pero es nuestra, es de todos, y cuando llegue la noche de cada uno de nosotros, será la única puerta que se abra sin pedirnos contraseña de mercado.
Cuidémosla. Porque la vejez no es un riesgo asegurable: es un derecho inalienable. Y lo que es de todos, que ningún lucro lo toque.
